Justicia eleva al Gobierno una consulta para dar amparo legal a los interinos de larga duración
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya ha elevado al Gobierno central una consulta legal para lograr una solución a la situación de los interinos de larga duración que no han superado los procesos de estabilización del empleo público. La petición pretende contar con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Función Pública para poder ampliar la aplicación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Así lo ha informado hoy el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la Comisión parlamentaria, donde ha lamentado que algunos grupos políticos y organizaciones sindicales no se hayan sumado finalmente a firmar esta petición de aclaraciones, pese a haber alcanzado un consenso previo hace seis días.
“Me reitero en la necesidad de buscar la unidad de acción para lograr un objetivo loable para darle a los interinos las mismas oportunidades que al resto de interinos de otras comunidades autónomas”, ha dicho el consejero.
En su comparecencia, la cuarta en sede parlamentaria sobre este asunto, Nieto ha recordado que han sido tres las reuniones mantenidas con grupos políticos y sindicatos en las que se abordó las posibilidades de explorar la ampliación de la aplicación de la Ley 20/21, publicada por el Gobierno con posterioridad a la convocatoria de los procesos selectivos en cumplimiento de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 y, por tanto, regidos por los criterios marcados por la misma.
El acuerdo alcanzado tras esas reuniones es un texto consensuado para elevar una consulta al Ministerio para buscar el amparo legal necesario para que aquellas plazas que en estos procesos hayan quedado vacantes puedan ser convocadas bajo los criterios que establece esta ley, que recoge condiciones excepcionales para la estabilización. El texto actual no lo permite, de ahí que sea necesario contar con ese respaldo legal del Ministerio.
“Con esa aclaración, contando con los grupos y los sindicatos vamos a proponer una solución legislativa que dé una oportunidad a esas personas”, ha añadido. El escrito, refrendado por los sindicatos CCOO, CSIF e ISA y por los grupos políticos PP y Vox, ya ha sido remitido al Ministerio.
Los procesos de estabilización que actualmente se están terminando de resolver con la toma de posesión de los funcionarios que los superaron provienen de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018. Se convocaron mediante concurso-oposición, en lugar de solo oposición, de forma que no solo se contara la puntuación del examen, sino también la experiencia laboral de los candidatos. Pese a ello, alrededor un millar de interinos no superaron el proceso.
De forma paralela, y con el objetivo de no perder el capital humano de estos trabajadores con años de experiencia en la Administración autonómica, la Consejería ya está poniendo en marcha bolsas preferentes con este personal, ordenado por antigüedad, para cubrir plazas que queden vacantes una vez que los funcionarios que se incorporen escojan destino así como bajas y necesidades temporales de personal que se produzcan.
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