Los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales cuentan con un Sistema interno de información para denunciar, con total garantía de confidencialidad e incluso de forma anónima, presuntas irregularidades en la gestión que pongan en riesgo los intereses públicos. A través del enlace https://canaldedenuncias.junta-andalucia.es/, pueden hacer llegar cualquier sospecha de corrupción de la que tengan conocimiento en el ejercicio de su actividad laboral y solicitar medidas de apoyo y protección frente a represalias.
Este canal interno de denuncia funciona desde el pasado 13 de junio. La Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, es la responsable de su gestión y del tratamiento de los datos que figuren en el mismo mientras que el mantenimiento y evolución tecnológica corresponde a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa.
Las personas que trabajan en la Administración son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público por lo que desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el temor a represalias puede hacerlas renunciar a informar de sus preocupaciones o sospechas, de ahí la importancia de ofrecer una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes.
El Gobierno andaluz ya contempló esa necesidad en la Ley andaluza contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, aprobada en 2021 y que permitió crear la Oficina Andaluza contra el Fraude. Este organismo, adscrito al Parlamento para garantizar su independencia del Ejecutivo, además de tener competencias de control, investigación y sanción de la corrupción, es la Autoridad Independiente de Protección del Informante en Andalucía.
Andalucía cumple con la directiva europea
Como tal autoridad, la Oficina contra el Fraude cuenta ya con un canal de denuncias externo habilitado. Con el Sistema de información interno habilitado ahora, la Junta se dota de un canal propio para integrar la cultura de la prevención en la dinámica cotidiana de la Administración, ofreciendo a sus empleados públicos, así como a quienes trabajen para o bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas o proveedores, una vía de denuncia con todas las garantías. Se cumple así con la Ley estatal 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que desarrolla la directiva europea al respecto y que daba un plazo de tres meses a todas las Administraciones Públicas para establecer canales de denuncia.
El Sistema interno de información admite tanto comunicaciones de personas que se identifiquen, como anónimas. Quienes opten por identificarse podrán solicitar que se guarde confidencialidad sobre sus datos, aun cuando la persona denunciada solicite conocer su identidad. Igualmente podrán pedir que se adopten medidas de apoyo y de protección frente a represalias
De todo ello se encargará un responsable del Sistema que será designado por la Secretaría General para la Administración Pública y cuyo nombramiento y cese serán notificados a la Oficina Andaluza contra el Fraude.
En el ámbito de dicha Secretaría General existirá un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que den lugar, garantizándose los requisitos de confidencialidad exigidos por la Ley. Este registro no será público y el acceso a su contenido solo se facilitará en el marco de un procedimiento judicial previa petición razonada del órgano judicial competente.
En el caso de que las competencias para investigar una denuncia excedan a la propia Administración, se remitirá a la Oficina Andaluza contra el Fraude en los diez días siguientes a su recepción previa comunicación al informante.
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