Convocadas ayudas de hasta 30.000 euros para equipamientos, obras o incentivar la economía local en municipios con riesgo de despoblación
Los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes con riesgo de despoblación tienen hasta el próximo 11 de julio para solicitar ayudas de hasta 30.000 euros convocadas por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para adquirir equipamientos y maquinaria necesarios para la prestación de servicios, reformar y mejorar infraestructuras públicas, elaborar planes de desarrollo local o promover actuaciones que impulsen la actividad económica y la creación de empleo en sectores estratégicos de la zona aprovechando sus variables endógenas.
El BOJA ha publicado hoy la convocatoria de esta línea de subvenciones (https://juntadeandalucia.es/boja/2023/120/2), dotada en total con 2.575.000 de euros, con lo que mañana se abrirá un plazo de 15 días naturales para presentar las solicitudes. Los ayuntamientos deberán hacerlo exclusivamente por vía telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería (https://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaadministracionlocalyfuncionpublica/servicios/procedimientos/detalle/24451.html).
Estos fondos se conceden en régimen de concurrencia competitiva y, además del número de habitantes, la tasa de paro o los ingresos de la entidad local, se valorarán criterios objetivos de riesgo de despoblación tales como la densidad de población, el crecimiento demográfico y vegetativo de los últimos diez años o el índice de envejecimiento.
El crédito previsto se distribuirá entre las ocho provincias según el siguiente reparto: Almería contará con 338.907,73 euros; para Cádiz se han reservado 139.755,77; Córdoba tendrá 258.548,17 euros; mientras que a Granada se ha destinado en principio la mayor cuantía, 600.949,79 euros, ya que se trata de la provincia andaluza con mayor número de municipios, muchos de ellos pequeños en zonas de sierra como Las Alpujarras, afectadas por la despoblación.
Para Huelva se han previsto 258.548,17 euros; y a Jaén se han asignado 349.389,42 euros, la segunda mayor cuantía, ya que es también una de las provincias con más problemas de despoblación. Por último, Málaga contará 310.956,58 euros y Sevilla con 317.944,37.
No obstante, si en algunas de las provincias no se agotase el crédito máximo asignado, se destinaría a las solicitudes de otros territorios que no hubieran podido atenderse, respetando su orden de evaluación.
El objetivo es ayudar a los municipios más pequeños a fijar la población al territorio, en el marco de la ‘Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía’ que persigue un reparto más equilibrado.
Actualmente, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma más poblada y aún crece pero más de la mitad de los ciudadanos vive en 30 capitales y grandes ciudades mientras que el 90% del territorio es rural y en él vive el 43%. Zonas como la Costa del Sol o el Valle del Guadalquivir están creciendo a un ritmo muy rápido, con el consiguiente aumento en la demanda de servicios, mientras que el 54% de los municipios lleva décadas perdiendo vecinos, la mayoría en comarcas de interior.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está inmersa en una Estrategia para poner en valor la calidad de vida y oportunidades que ofrece el medio rural para fijar la población al territorio y captar nuevos habitantes interesados en ese estilo de vida. Con esta línea de subvenciones, la Junta de Andalucía ayuda a municipios de menos de 20.000 habitantes a mantener la calidad de sus servicios e infraestructuras públicas así como a desarrollar programas que incentiven actividades económicas propias de la zona para generar posibilidades de negocio y empleo.
El año pasado, se beneficiaron de estas ayudas 116 entidades locales que destinaron los recursos a proyectos como la rehabilitación de antiguas casas de maestros y médicos para su explotación como alojamiento rural o naves para ponerlas a disposición de emprendedores locales, a equipar parques infantiles o espacios socioculturales y deportivos para los vecinos, a comprar camiones para servicios de limpieza y mantenimiento o a reformar instalaciones municipales donde se prestan servicios públicos.
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