El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado hoy al Gobierno central diálogo para afrontar la situación límite en la que se encuentra la Administración de Justicia que, a su juicio, “atraviesa el peor momento desde la democracia” por la sucesión de conflictos laborales de los operadores jurídicos. Nieto ha lamentado la impotencia de las Comunidades Autónomas, que sufren los efectos de la parálisis del sistema sin tener competencia negociadora, que corresponde al Ministerio.
“Todos los colectivos profesionales y sobre todo el justiciable están sufriendo un descrédito y un maltrato injustificado y no podemos maltratar a la Justicia porque eso es maltratar a la sociedad”, ha denunciado.
Así, se ha referido, en primer lugar, a la “situación límite” de los abogados, que se concentraron ayer porque las suspensiones y anulaciones de procedimientos les impiden ejercer su trabajo y, por tanto, cobrar sus minutas.
En segundo lugar, a los funcionarios de Justicia que están en huelga desde abril, “un colectivo amplísimo que hace un trabajo ejemplar y con el que el Ministerio se ha negado a dialogar”.
Para Nieto, el problema del Gobierno central es que “se ha negado a abordar la situación en conjunto con los Letrados de la Administración de Justicia, los jueces, los fiscales y el resto de operadores jurídicos”. Ello ha provocado una sucesión de huelgas de los diferentes colectivos que ha empeorado la sobrecargada de trabajo que ya tenían los tribunales y los retrasos en la resolución de los procedimientos, al paralizar juicios y actuaciones que se están fijando para dentro de dos o tres años.
En enero, los LAJ iniciaron una huelga que duró dos meses hasta que se cerró un acuerdo con el Ministerio. Posteriormente, el paro convocado por jueces y fiscales se evitó “in extremis” tras pactar una subida salarial en reconocimiento a sus funciones.
Ambos acuerdos llevaron a los funcionarios de Justicia a ejercer “su legítimo derecho a la huelga para exigir una igualdad de trato”, pero “hasta el momento el Gobierno no les ha planteado ninguna propuesta”.
Frente a esta actitud, el consejero ha puesto en valor el “diálogo permanente” que mantiene la Junta con los colegios profesionales y las organizaciones sindicales. Ha garantizado que la Consejería mantendrá esta forma de trabajar que es seña de identidad del Gobierno andaluz.
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