El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado hoy que de las 22 nuevas unidades judiciales solicitadas por la Junta de Andalucía para el próximo año en Andalucía, el Ministerio solo propone crear una docena, y de ellas solo 5 son nuevos juzgados mientras que el resto son plazas de magistrados para distintas Audiencias provinciales.
Nieto ha explicado en Comisión parlamentaria que tras recibir la propuesta del Ministerio, “hemos enviado nuestras alegaciones” y ha recordado que la petición elevada al Gobierno central fue consensuada con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Durante su comparecencia, el consejero ha valorado las reflexiones planteadas en la memoria anual del Alto Tribunal andaluz, que recientemente presentó su presidente, Lorenzo del Río, en la Cámara. El consejero ha compartido su análisis sobre las deficiencias en infraestructuras judiciales, para lo que la Junta que diseñar un Plan para marcas las prioridades y buscar vías de financiación alternativas.
También los problemas para la digitalización de la Administración de Justicia, que “es una responsabilidad que yo asumo”, por lo que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con los operadores jurídicos y el desarrollador del nuevo sistema de gestión procesal, @driano, Indra, para que responda a sus necesidades y resolver los problemas que están retrasando su despliegue.
No obstante, ha afeado la “falta de autocrítica” en dicha memoria. Para Nieto, la crisis sistémica que atraviesa el sistema judicial requiere la implicación de todos los agentes implicados, empezando por la Consejería como administración prestacional pero también de los jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores.
Nieto ha dicho compartir con el presidente del TSJA que la Justicia está actualmente “al borde de colapsar” ya que la elevada litigiosidad y los retrasos en la resolución de los procedimientos se han agravado con la sucesión de huelgas que desde enero han mantenido diferentes colectivos profesionales.
En este sentido ha lamentado la falta de diálogo por parte del Ministerio y también que la convocatoria electoral haya frustrado la puesta en marcha de tres leyes que iban a ser fundamentales (Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital Autónomas) y que las Comunidades Autónomas pidieron acelerar en Conferencia Sectorial. “Quien gobierne tras el 23 de julio tendrá que asumir que la Justicia es prioritaria, nos estamos jugando reventar el sistema porque no aguanta más”, ha reconocido.
Pero ha incidido en la responsabilidad de los diferentes operadores jurídicos para contribuir a sacar a la Administración de Justicia de esta “crisis sistémica”. Así, por ejemplo, ha instado al Poder Judicial a promover la estabilidad de los jueces en los órganos, ya que la excesiva rotación dificulta la marcha de un juzgado.
También ha alertado de que “el incremento de plazas y órganos judiciales no tiene una correlación en el incremento de la tasa de resolución” por lo que ha instado a analizar las causas de que con más jueces se resuelvan menos asuntos. Aunque la tasa de jueces por habitantes en España está por debajo de la media europea pero “tenemos el doble de personal” y “no es ni mucho menos el país que menos gasta en Justicia, más de 4.000 millones de euros al año”.
“Todos tenemos que hacer nuestra parte y asumir nuestra responsabilidad”, ha subrayado.
Compartir en