La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está explorando vías alternativas de financiación para poner en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales que, entre otras medidas, apostará por la colaboración público-privada para la ejecución de las ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Marbella (Málaga). Otra de las medidas es la reducción de los costes de los contratos de alquiler a cambio de extender la duración de los mismos.
Así lo ha anunciado hoy en la Comisión parlamentaria el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien entre las posibles alternativas para obtener recursos con los que acometer el Plan de Infraestructuras Judiciales se ha referido a los fondos europeos, la financiación público-privada o acuerdos con ayuntamientos para que asuman la inversión de las obras que amortizarán con la renta que la Junta pague luego por el edificio.
Nieto ha indicado que próximamente firmará con el alcalde de Roquetas de Mar el primero de estos convenios para la sede judicial de la localidad almeriense. En cuanto a la financiación público-privada, ha apostado por esta fórmula para las ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Marbella.
El consejero ha recordado que en 26 años desde que Andalucía tiene las competencias de Justicia transferidas solo se han construido 22 sedes nuevas “y algunas ya se han quedado pequeñas, como la Ciudad de la Justicia de Almería o la de Málaga”. Además, se han reformado una docena para resolver de verdad los problemas mientras que en en el resto apenas se han hecho actuaciones paliativas “en algunos casos indecorosas”.
La situación actual es que “más de la mitad de los edificios judiciales están en un estado malo, muy malo o pésimo”.
Así, ha destacado que la falta de presupuesto ha sido la “excusa” tradicional para el “progresivo abandono” y Nieto ha reconocido que “es una realidad”, ya que presupuestariamente se priorizan infraestructuras para servicios como la Sanidad o la Educación. Con fondos autofinanciados “no vamos a resolver el problema”, por lo que la Consejería está explorando vías alternativas de financiación. “Yo no me puedo parar porque no haya presupuesto y no me voy a quedar en la queja”, ha defendido.
“La prioridad es que se preste el servicio en condiciones idóneos” y “no siempre económicamente es la mejor solución construir edificios en propiedad”. Por ello, ha abogado por un equilibrio entre sedes de titularidad pública y arrendadas. “No rechazamos la vía del alquiler pero creemos que se puede mejorar”, ha añadido.
Alquileres a largo plazo
En este sentido, ha señalado que ha consensuado con Hacienda la ampliación en plazo de los contratos de alquiler, ya que hasta ahora sólo permitía suscribir contratos de alquiler por cuatro años más uno prorrogable, algo que es “comprensible para edificios destinados a oficinas pero no para los juzgados, que hay que adaptarlos a las necesidades específicas y tenemos que meter el coste de las obras en el contrato”.
Por ello, ha logrado que Hacienda permita a la Consejería de Justicia firmar alquileres a 10 años (más dos prorrogables), con lo que el objetivo es lograr una rebaja en el precio por parte de los propietarios que a cambio se garantizan contratos más estables.
De esta forma, la Consejería negociará contratos de larga duración para el alquiler de sedes judiciales con el objetivo de rebajar mínimo un 20% la renta a pagar, una medida que se aplicará tanto a los nuevos arrendamientos como a los actualmente en vigor mediante una revisión de las condiciones con los propietarios.
Esta es una de las medidas para hacer más eficiente la gestión de los recursos disponibles que contempla el Plan de Infraestructuras Judiciales, junto a la construcción de nuevas sedes que acabe con la “desmotivación” que genera, tanto en los profesionales como en justiciable, el mal estado de los inmuebles donde se presta el servicio.
Pide a los grupos propuestas sobre prioridades
Así, ha reiterado su compromiso de impulsar una veintena de proyectos en esta legislatura, entre ellos las ciudades de la Justicia de las cinco capitales que aún no tienen -mañana informará en Palmas Altas del inicio de la puesta en marcha de la de Sevilla a partir de septiembre-, así como una red de sedes en ciudades medias. No obstante, ha pedido a los grupos parlamentarios que hagan propuestas sobre las prioridades que consideren necesarias para cada provincia.
“No me gustaría que la decisión fuera sólo de este consejero. El pasado 21 febrero remití a todos los grupos un escrito en el que proponía un acuerdo en torno al Plan de Infraestructuras Judiciales. No he recibido respuesta de ninguno. Hoy lo reitero porque quiero escuchar y tener en cuenta su criterio. Sólo así vamos a poder dar una solución de largo alcance que supere la legislatura. No vamos a resolver los problemas de la Justicia en este mandato pero el próximo Gobierno, sea quien sea, debería tener una línea ya marcada”, ha defendido.
Así, ha insistido en pedir a cada grupo “ocho propuestas que vamos a estudiar, analizar y responder”, sin contar los proyectos ya comprometidos de Sevilla, Jaén, Cádiz, Lucena, Huércal-Overa, Villacarrillo y Roquetas. Y se ha comprometido a convocarlos “trimestralmente para hacer un seguimiento del Plan”.
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