Conocer cómo funcionan los organismos creados en diferentes territorios, dentro y fuera de España, para luchar contra la corrupción es el objetivo del estudio realizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) para la Oficina Andaluza AntifraudeFraude (OAAF) con el fin de aplicar instrumentos y medidas desarrollados por éstos que hayan demostrado su utilidad y se puedan importar.
La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, y el director del IAAP, José Loaiza, han informado hoy sobre el estudio ‘Buenas prácticas de lucha contra el fraude’, en el que el se han analizado siete entidades: el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, la Agencia Valenciana Antifraude, la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana, el Servicio de Estudios y Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, Unidad Antifraude de la Diputación de Huelva, la Autoridad Nacional de Transparencia de Grecia y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Tanto Corredera como Loaiza, así como el director de la OAAF, Ricardo Puyol, han subrayado la importancia de conocer la experiencia de otros organismos encargados de la investigación, control y sanción de prácticas de fraude y corrupción. Se trata de ver “qué funciona y qué no” para ayudar a la Oficina Andaluza Antifraude a “mejorar su eficiencia”.
La viceconsejera ha defendido “la transparencia y la tolerancia 0 con la corrupción. Se han dado casos en Andalucía que no podemos permitir que vuelvan a suceder. Los ciudadanos son cada vez más exigentes porque estamos trabajando con dinero público y hay que ser rigurosos y transparentes para que pueda haber un control”. Corredera ha incidido en que en esta materia es “importante ir de la mano porque lo exigen los ciudadanos”.
Andalucía cuenta desde 2021 con su primera Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante. Fruto de esa norma se creó la Oficina Antifraude, adscrita al Parlamento para garantizar su autonomía del Poder Ejecutivo y cuyo director fue nombrado por la Cámara por una mayoría cualificada.
El estudio que el IAAP ha realizado sobre el funcionamiento de otros organismos similares se ha centrado en aspectos como la independencia de éstos, el personal empleado y sus planes de formación, la legislación por la que se rigen, sus competencias, los mecanismos de control interno para prevención, los procedimientos a llevar a cabo y la transferencia del conocimiento para que su labor llegue a la sociedad.
El objetivo es “ahorrarle trabajo a la Oficina Andaluza para optimizar sus recursos”, ha subrayado el director del IAAP, quien ha detallado que para ello se han recogido datos, realizado entrevistas y analizado informes emitidos por esos siete organismos. A partir de ahí, el IAAP realiza una serie de recomendaciones de formas de trabajo que a su juicio sería bueno adoptar si bien ha dejado claro que es la OAAF quien decide qué implementará y cómo.
Entre las conclusiones del estudio, destaca la importancia de contar con planes de investigación y análisis por sectores con indicadores de riesgos de corrupción, como los que tiene la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana, ya que “no en todas las áreas y organismos públicos existen los mismos riesgos”. También recomienda poner en marcha procedimientos de supervisión colaborativa con otras entidades locales o provinciales, especialmente aquellas que gestionen fondos europeos.
Loaiza ha destacado la importancia de elaborar “guías para que todo el mundo conozca cómo se hace el control y un catálogo de incentivos para el acatamiento de sanciones administrativas pare reducir la judicialización”. Por último, el estudio incide en la necesidad de concretar “cómo se va a tratar al denunciante, la información que va a recibir de la tramitación de su denuncia y cómo se le va a proteger”.
La protección del denunciante es una exigencia de la Unión Europea, que ha aprobado una directiva que obliga a todas las administraciones públicas a adoptar medidas para evitar represalias a quien da la voz de alarma. En cumplimiento de la misma, tanto el canal externo de denuncia de la OAAF como los canales internos creados dentro de la propia Administración de la Junta de Andalucía, a los que pueden dirigirse los empleados públicos, permiten la denuncia anónima y garantiza la confidencialidad en caso de identificarse.
El director de la OAAF, Ricardo Puyol, ha destacado que "las políticas antifraude no son circunstanciales y han llegado a la administración para quedarse. Las recomendaciones de este estudio que la Oficina ya está implementado vienen a reforzar los mecanismos de prevención de la corrupción y a fortalecer la integridad pública, un pilar fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones".
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