La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han remitido una circular conjunta a todos los juzgados andaluces con medidas y recomendaciones para potenciar el uso de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia y reducir al máximo métodos de notificación como el burofax.
El escrito, suscrito por la secretaria general de Servicios Judiciales de la Junta, Rosalía Espinosa, y el secretario de Gobierno del TSJA, Pedro Campoy, recomienda el uso de las cuentas corporativas de correo electrónico de los órganos judiciales, el teléfono o la herramienta de envío de avisos por SMS para la comunicación entre los juzgados y la ciudadanía.
En el caso del burofax, “se prohíbe” su uso para citaciones no urgentes, notificaciones o emplazamientos y en caso necesario, deberá ser autorizado por la Delegación de Justicia correspondiente.
La digitalización de la Justicia en Andalucía es uno de los ejes de trabajo de la Consejería, en aras de la sostenibilidad (reduciendo el uso del papel y los desplazamientos innecesarios) y del ahorro en el gasto público. Las comunicaciones postales en la Administración de Justicia suponen un coste anual de más de 10,5 millones de euros para el Gobierno autonómico. En concreto, el envío de burofax supera los 333.000 euros anuales, sin sumar el IVA.
El despliegue del nuevo sistema de gestión procesal @driano, la compatibilidad entre las herramientas que utilizan los distintos operadores y la mejora del Expediente Judicial Electrónico son algunas de las medidas que se están desarrollando en este sentido en colaboración con los diferentes agentes judiciales.
Así, las recomendaciones emitidas para fomentar el uso de medios telemáticos de comunicación en los juzgados forman parte del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de la Junta y los Letrados de la Administración de Justicia para “avanzar en cercanía, sostenibilidad, digitalización y en la cultura de las notificaciones judiciales, siempre dentro del marco de las leyes de procedimiento”.
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