El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto, por un importe total de 38,7 millones entre 2024 y 2028, para la contratación por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, de la gestión de los ocho Servicios Integrales para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto (SIMA). Éstos se encargan de la coordinación y control del cumplimiento de medidas no privativas de libertad que imponen los jueces a los menores infractores.
El presupuesto de los servicios a realizar durante ese periodo asciende a 38.778.057,23 euros (IVA incluido), que se abonarán según el siguiente reparto anual: 8.078.761,91 euros con cargo al presupuesto de 2024, 9.694.514,31 en 2025, 9.694.514,31 en el ejercicio 2026, 9.694.514,31 euros en 2027 y 1.615.752,39 en 2028.
La red de centros y servicios de medio abierto está integrada por un SIMA en cada provincia formado por equipos multidisciplinares especializados en diferentes campos, que desempeñan sus funciones intercambiando la información de una forma sistemática y complementándose entre ellos para diseñar una propuesta de programa individualizado de ejecución de la medida dictada, ajustado a las características de cada menor. Los jueces de menores pueden imponer varias medidas no privativas de libertad como las tareas socioeducativas, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, talleres sociolaborales o asistencia a actividades en centros de día.
Los contratos bajo los que actualmente desarrollan su actividad los SIMA finalizarán el 31 de enero de 2024. Por ello, la Consejería de Justicia ha iniciado un expediente de contratación, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, mediante su división en los ochos lotes, uno por provincia
El plazo de ejecución del contrato será de 48 meses, desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2028, trascurridos los cuales se podrá prorrogar por un período máximo de 12 meses. En este caso, el importe total superaría los 44 millones de euros (más IVA) ya que el valor de un año de prórroga se ha estimado en 8.813.194,83 euros.
La autorización del Consejo de Gobierno es necesaria en este caso, ya que el importe del expediente de gasto supera los ocho millones de euros.
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