Jueces y fiscales de toda Andalucía se forman hoy y mañana en Granada en las novedades que introduce la reforma de la Ley sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El curso, organizado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) forma parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones para la actualización de conocimientos de los magistrados destinados en la Comunidad Autónoma en aquellas materias que requieren especialización y cuya normativa reguladora sufre más cambios.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y el delegado territorial de Justicia en Granada, Luis Recuerda, han inaugurado el encuentro, que se celebra en la Real Chancillería, sede del Alto Tribunal andaluz, bajo el título ‘Voluntad de las personas con discapacidad. Protección integral a la infancia’. Los magistrados José Antonio Baena (Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos) y Roberto Pérez Gallego (Juzgado de Primera Instancia 16 de Granada) dirigen el curso.
Durante su intervención, Recuerda ha destacado “la formación continua, la actualización y la especialización es fundamental en el desempeño de las profesiones jurídicas y de forma muy especial en jueces, magistrados y fiscales”.
“La Junta de Andalucía es consciente de esta necesidad y por ello, en el marco de un convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Consejo General de Poder Judicial, se celebran estos encuentros, contando siempre con ponentes de primerísimo nivel”, ha subrayado.
Tras la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo José Luis Seoane ha explicado alguna de las principales reformas que introduce la Ley 8/2021, de 2 de junio, en la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Traducción a lectura fácil
Posteriormente ha intervenido Yolanda Moreno, responsable de la consultoría de accesibilidad de la Fundación Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias de Granada. Esta entidad. que lleva años trabajando con personas con discapacidad, ha sido adjudicataria del contrato licitado por la Consejería de Justicia para la traducción a lectura fácil de documentación dictada por los tribunales que afecte a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o que tengan dificultades de comprensión.
El contrato, por importe de 89.962,65 euros, tiene una duración de 24 meses prorrogable otros 12 y la previsión es que se traduzcan más de un millar de documentos entre sentencias y otras resoluciones decisorias (unas 400) y documentos de trámite como notificaciones o recursos (unos 655).
El objetivo de este servicio es hacer la Administración de Justicia accesible para las personas con dificultades de comprensión del lenguaje empleado por los tribunales. La Consejería puso en marcha una experiencia piloto de traducción a lenguaje fácil en los juzgados de Familia de Sevilla, una iniciativa que recibió en 2021 el Premio a la Calidad de la Justicia en la categoría ‘Justicia más accesible’, concedido por el CGPJ.
En esta proyecto piloto colaboraron la ONG Plena Inclusión y la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 26, María Luisa Zamora, delegada de Discapacidad del CGPJ en Andalucía, quien intervendrá mañana en el curso en una mesa redonda junto al fiscal delegado de discapacidad en la Comunidad, Fernando Santos Urbaneja.
La jornada de mañana comenzará con una ponencia sobre ‘La voluntad de la persona con discapacidad en materia de familia, contractual y su aplicación práctica’ a cargo del codirector del curso, Roberto Pérez Gallego.
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