La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha incrementado el número de guardias anuales para que abogados especializados atiendan a las víctimas de violencia de género hasta alcanzar por primera vez las 7.300, una de las medidas que en el marco de sus competencias ha puesto en marcha la Junta de Andalucía en la lucha contra “uno de los grandes dramas que sufre la sociedad” y que “solo se va a ganar desde la unidad”.
Nieto ha expuesto en el Pleno del Parlamento las líneas de actuación puestas en marcha por la Consejería para “facilitar el acceso a la Justicia las mujeres que denuncian violencia de género, para que su acceso sea rápido, ágil y con una protección añadida a la que ofrecemos a cualquier tipo de víctima”.
El consejero ha instado a los grupos a proponer mejoras en la prevención, protección y ayuda a las mujeres para evitar cifras tan escalofriantes como las 49 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas. “Creo que en lo fundamental estamos de acuerdo, lo malo es que con demasiada frecuencia caemos en la tentación de usar la violencia de género como arma política y esa es la mayor traición al Pacto de Estado”, ha señalado. Un Pacto que ha defendido que sea estatal y no fragmentado en acuerdos autonómicos para que exista una “estrategia general y no haga cada uno la guerra por su cuenta”.
“Ni las muertes que se producen en España son culpa del Gobierno de España ni las muertes en Andalucía son culpa de la Junta de Andalucía. Desgraciadamente hay un culpable, el agresor, al que cada vez que usamos ese argumento le estamos dando una excusa”, ha lamentado Nieto.
El consejero ha puesto en valor que “Andalucía y España es uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género con una normativa que está sirviendo de modelo a otros países, con recursos por encima de lo que destinan otros países y con herramientas de muchos tipos. Pero mientras exista una mujer que sufra algún tipo de violencia, física o psicológica, debemos seguir alerta y luchando para erradicarla”.
Nieto ha incidido en que las competencias de su Consejería se centran en facilitar el acceso a la Justicia de las mujeres para denunciar y protegerlas de una doble victimización. En estas actuaciones se incluyen incrementar las guardias especializadas, “una petición largamente demandada por los colegios de abogados” para garantizar una asistencia profesional a las víctimas. También la formación a los letrados en esta materia, con 11 jornadas organizadas en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Igualdad y Familia, que se celebrarán entre octubre y noviembre en los colegios de abogados. Precisamente, ambas consejerías han suscrito recientemente un protocolo para mejorar la coordinación entre el IAM y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) en aras de la mejor protección de las mujeres que sufren violencia de género.
Salas Gesell contra la doble victimización
La labor de la Consejería de Justicia contra la violencia de género también contempla intervenciones en el espacio físico de las sedes judiciales, con itinerarios y salas separadas para que “no se crucen en los juzgados víctimas y agresores”, así como la habilitación de salas Gesell para practicar pruebas preconstituidas y evitar que las mujeres tengan que declarar varias veces durante un procedimiento.
En este sentido, Nieto ha recordado que en 2019 apenas había cuatro salas Gesell en los juzgados andaluces. “Hoy tenemos 27”, ha destacado, una cifra que se incrementará en al menos una docena más el próximo año.
Todo ello se realiza con recursos propios y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluyen el refuerzo de personal en los juzgados con competencias en Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Valoración Integral de las Víctimas de la Violencia de Género (UVIVG). El consejero ha señalado que se destina a personal el 40% de los fondos del Pacto de Estado, que es el máximo que permite el Gobierno. Así, actualmente se han reforzado los juzgados, las UVIVG y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) con 78 funcionarios.
No obstante, Nieto ha alertado de que el problema no es tanto de refuerzo de funcionarios sino la falta de juzgados especializados, y ha recordado que el Ministerio de Justicia solo ha acordado crear la mitad de las 23 unidades judiciales solicitadas desde la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, este año Andalucía recibirá 21 millones de este Pacto de Estado, de los que 6,5 millones corresponderán a la Consejería de Justicia, si bien el consejero ha apostado por tener en cuenta el número de víctimas para el reparto de los fondos,
Nieto ha concluido tendiendo la mano para recoger propuestas de los grupos para mejorar la atención a las víctimas, la prevención, la protección y la coordinación con el Ministerio. “Será mejor para las mujeres andaluzas que trabajemos conjuntamente a que nos tiremos los trastos a la cabeza”, ha afirmado.
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