El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido hoy que el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) es el “gran plan de empleo de Andalucía” y sigue siendo necesario para que la Comunidad Autónoma mantenga su liderazgo en el sector agrícola. No obstante, ha abogado por adaptarlo a la nueva realidad del medio rural y especialmente al perfil del trabajador del campo actual.
Durante su comparecencia en el Pleno parlamentario, Nieto ha recordado que “la última reforma del PFEA tiene veinte años” y, como ejemplo de los cambios experimentados en este tiempo, se ha referido a una investigación universitaria sobre el perfil de los trabajadores agrarios contratados para las obras del PFEA con el fin de completar los jornales en los periodos en los que no hay empleo en el campo.
“En los años 80, el 95% contratados eran hombres, ahora no llegan al 37%. Ha cambiado el perfil de las personas contratadas por el PFEA, por tanto los trabajos que se realizan se tienen que adaptar”, ha defendido.
En este sentido, Nieto apuesta por proyectos no centrados solo en obras de construcción sino también en la prestación de servicios que, además, mejoren la calidad de vida de los vecinos y contribuyan a fijar la población al territorio.
Asimismo, el consejero ha subrayado la necesidad de “quitar burocracia” a los ayuntamientos a la hora de presentar y ejecutar los proyectos así como justificar los gastos.
En definitiva, ha defendido actualizar el PFEA para que sea “sea ágil, que sirva al mundo rural, a las personas y nos ayude a afrontar el reto demográfico”.
Andalucía no pierde población aún ni sufre un problema generalizado de despoblación como otros territorios, pero su crecimiento no es equilibrado de forma que la mitad de los andaluces viven en una treintena de grandes ciudades mientras más de la mitad de los municipios pequeños de interior llevan años perdiendo población. Lograr equilibrar esa situación es el principal objetivo de la Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía que diseña la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con la colaboración de las entidades locales y el asesoramiento de un grupo de expertos constituido al efecto.
Desde su creación en 1986, el PFEA ha sido un instrumento clave para fijar la población al territorio. La convocatoria de este año, cuyas obras se ejecutarán entre el último semestre de 2023 y hasta septiembre de 2024, cuenta con un presupuesto total de 194,8 millones de euros, un 5% más que el año pasado. Los ayuntamientos y diputaciones andaluces han presentado más de 1.800 proyectos que crearán alrededor de 120.000 empleos y 2,3 millones de jornales.
El Gobierno central, a través del SEPE, financia el 55% del programa, correspondiente al coste de la mano de obra de los proyectos que ejecutan los ayuntamientos, mientras que la Junta y las Diputaciones asumen el 45% restante, destinado a sufragar el coste de los materiales. En concreto, el Gobierno andaluz financia el 75% de los materiales, 65,7 millones este año, y las instituciones supramunicipales el 25% restante, casi 22 millones de euros.
El consejero firmó el pasado día 21 en La Rábida el convenio con las Diputaciones para la cofinanciación del programa, un acto en el que ya expresó a los responsables supramunicipales su apuesta por reformar el PFEA, que también prevé elevar al Gobierno central.
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