Justicia impulsa un servicio gratuito de mediación penal intrajudicial y un Registro andaluz de mediadores profesionales
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, apuesta por fomentar la mediación como alternativa para reducir la “altísima” tasa de litigiosidad en Andalucía. Para ello, por primera vez la asistencia letrada en procesos de mediación extrajudicial se incluirá en 2024 en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que los andaluces puedan contar con abogados de oficio para esta vía y los letrados vean recompensada su labor sin llegar a juicio. Además, la Consejería creará un Registro andaluz de mediadores profesionales y entidades especializadas e incluso promoverá un servicio gratuito de mediación penal intrajudicial.
El consejero ha recordado en Comisión parlamentaria que la Junta cuenta con 10 Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) en las principales sedes judiciales de todas las capitales, además de en Algeciras y Marbella. Cualquier ciudadano puede acudir a estos puntos para informarse, aunque los juzgados y demás operadores jurídicos también pueden derivar asuntos. Nieto ha señalado que está previsto ampliar las funciones del personal que atiende estos PIMA para que no solo realice funciones de divulgación, sensibilización y promoción, sino que aborde todas aquellas actuaciones que conllevan un proceso de mediación de manera gratuita.
Paralelamente, la nueva orden que actualizará las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio, que se aprobará en breve y entrará en vigor en 2024, incluirá, por primera vez, su asistencia en procesos de mediación. La Junta de Andalucía es así “pionera” en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita para que cualquier ciudadano pueda acudir a esta vía, independientemente de su situación económica, y para compensar también a los profesionales su trabajo en estos procesos, concretamente con un módulo de 400 euros en caso de lograr un acuerdo. Se trata del módulo “máximo” que perciben los letrados del turno de oficio por actuación para que optar por esta vía no les suponga una merma económica y sean “nuestros aliados”.
“Queremos abrir un nuevo escenario en el que el abogado sea quien invite a la mediación, la apoye y haga el seguimiento y superar la dicotomía entre mediador o abogado”, ha defendido.
Además, la Consejería va a poner en marcha un servicio piloto de mediación penal de adultos intrajudicial y justicia restaurativa en Andalucía. Este nuevo servicio gratuito y de ámbito provincial será prestado por entidades especializadas, bajo la supervisión de la Junta y sin perjuicio de las competencias de la Fiscalía y los juzgados penales. Para ello, se realizarán contratos administrativos de servicios en las ocho provincias por un plazo de ejecución de 12 meses, prorrogable otros 12.
Para Nieto, la mediación es un recurso “inexplorado” y que exige un cambio cultural, si bien ha puesto en valor que existen buenos profesionales y entidades que llevan tiempo trabajando en la materia. Por ello, la Consejería creará un Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía para facilitar el acceso de la ciudadanía especialistas que actúan en los ámbitos civil y mercantil. Antes de final de año se adjudicará y empezará la ejecución de un contrato para elaborar este registro, con un presupuesto base de licitación de 359.632,33 euros.
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de litigiosidad tan solo por detrás de Canarias, con 39 asuntos por cada mil habitantes, por encima de la media nacional (34,1). Una tasa que además va en aumento. Ello conlleva una gran carga de trabajo en los tribunales andaluces y unos plazos de resolución demasiado largos.
Nieto ha insistido en que reducir ese exceso de judicialización pasa por promover vías alternativas de resolución de conflictos, por lo que aspira a que Andalucía pase de liderar la litigiosidad a ser líder en el uso de la mediación. Una vía que no solo reduce la sobrecarga de los órganos judiciales sino que ofrece soluciones satisfactorias para ambas partes, ya que se basa en el acuerdo en vez de que un tercero sea el que tome la decisión como ocurre con una sentencia judicial.
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