El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) colaborará con la Asociación de Dirección Pública Profesional (ADDP) para la formación e investigación tras haber acordado ambos organismos prorrogar hasta 2027 el acuerdo suscrito en esta materia hace cuatro años.
En octubre de 2019 ambas partes suscribieron un convenio marco de colaboración para la consecución de fines comunes en actividades docentes, de investigación y en cualquier otro ámbito de interés mutuo relativo al fortalecimiento de la Administración Pública y mejora de la gestión pública.
El convenio tenía una vigencia de cuatro años pudiendo ser prorrogado otros cuatro. Dado el grado de satisfacción con la ejecución y el desarrollo del mismo, el director del IAAP, José Loaiza, y el presidente de la Asociación de Dirección Pública Profesional, Rodrigo Martín Castaño, han suscrito una adenda al mismo, publicada en el BOJA (https://juntadeandalucia.es/boja/2023/191/25) para extender su aplicación hasta octubre de 2027.
El IAAP, adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuenta entre sus funciones específicas con la de colaborar y cooperar con otros órganos y entidades, públicos y privados con funciones de formación del personal, así como realizar, con sus propios medios o mediante contratos o convenios, estudios y trabajos sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas y, en especial, de la Junta. También se encarga de promover la investigación en aquellas materias relacionadas con la organización y actividad de las administraciones y entidades públicas andaluzas.
Por su parte, la ADPP nace formalmente en 2017 con el fin de realizar actividades de carácter profesional que contribuyan a la promoción, impulso, desarrollo, mejora de imagen y protección de la dirección pública profesional en España, así como establecer relaciones con colectivos de similares características en el resto del mundo, desarrollar acciones que contribuyan a la mejora del liderazgo público, fomentar la cultura de la evaluación y la rendición de cuentas de la dirección pública profesional y realizar acciones para el desarrollo profesional continuo.
Su labor persigue objetivos en sintonía con algunas de las líneas de trabajo de la Consejería, como la implantación de la cultura evaluadora en la Junta de Andalucía, mediante una Ley de Evaluación de Políticas Públicas que se está elaborando, o la profesionalización de la figura del directivo en el sector público que ya se recoge en la nueva Ley de Función Pública de Andalucía aprobada este año.
Compartir en