La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, ha defendido hoy que “profesionalizar la dirección pública es esencial para cambiar la Administración de la Junta” y hacerla más “moderna y eficiente” para “servir mejor a la ciudadanía”. Por ello, tanto la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, aprobada antes de verano, como la Estrategia de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2023-2030 que está elaborando la Consejería recogen la implantación de la Dirección Pública Profesional, que será regulada mediante un Estatuto con rango de ley.
Corredera ha anunciado que la Consejería ya ha comenzado a trabajar en su elaboración y ha confiado en poder presentar el proyecto de ley en la primavera de 2024. Un texto para cuya redacción la Junta quiere contar con visiones diferentes que enriquezcan el resultado final tanto de expertos en Administración Pública como de quienes trabajan día a día en la misma.
En el marco de este proceso de trabajo “participativo y colaborativo”, el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) ha celebrado hoy una jornada centrada en analizar “el porqué y el para qué” de un Estatuto del Personal Directivo Público Profesional, inaugurada por la viceconsejera y el director del IAAP, José Loaiza. El IAAP, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, lleva tiempo analizando y reflexionando sobre la dirección pública por lo que Corredera ha instado a “aprovechar su experiencia y buenas prácticas para trasladarlas a la normativa y a la metodología para su redacción”.
De hecho, tiene previsto poner en marcha un Máster de Liderazgo y Dirección Pública “como instrumento para reforzar” la profesionalización de los puestos directivos en la Administración. “Un buen jefe puede hacer que todo sea más productivo”, ha defendido, de forma que las competencias, los estilos de liderazgos y la capacidad a la hora de relacionarse con los equipos influyen de manera determinante en el clima de trabajo y éste determina hasta en un 30 o 40% los resultados”.
Metodología de trabajo
Para la elaboración del proyecto de Estatuto, se creará un Grupo Director que marcará las líneas de actuación, integrado por la viceconsejera, el secretario general para la Administración Pública, Arturo Domínguez -que clausuró la jornada de hoy-; la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Márquez; el director, la subdirectora y el jefe de servicio de Administración del IAAP; los secretarios generales técnicos de las Consejerías de Presidencia, Hacienda y Función Pública; y el expresidente de la Asociación Dirección Pública Profesional (ADPP), Fernando Monar, quien colaboró en la redacción de la Ley de Función Pública relativa a la profesionalización de los directivos.
Además, otro Grupo Operativo con personal de distintas consejerías trabajará en el alcance de esta Dirección Pública Profesional, la relación de puestos de este tipo, los mecanismos para su selección, nombramiento, cese, evaluación, acreditación de competencias directivas -a cargo del IAAP- así como el código ético y la comisión ética. Para ello, se dividirán en subgrupos y contarán con el apoyo del decano de la Facultad de Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo, Enrique Valera, y del secretario de la misma, Óscar Briones, quienes ofrecerán la visión académica.
“El primer objetivo es que para la primavera de 2024 tengamos los resultados de este proyecto que hoy empezamos con esta jornada y no deberíamos retrasarnos”, ha subrayado. Tanto Fernando Monar como Arturo Domínguez han intervenido en el encuentro, así como el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, José Antonio Carrillo, que también colaboró en la redacción de la Ley de Función Pública de Andalucía.
Para Corredera “definir la Administración moderna y eficiente que queremos y que nos exige el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es un reto apasionante” en el que ha invitado al personal al servicio de la Junta a participar en aras de la eficacia, eficiencia, transparencia, innovación, especialización y estabilidad en la Administración Pública. Ello permitirá desarrollar políticas y proyectos a largo plazo “en vez de soluciones a corto plazo impulsadas por objetivos políticos inmediatos” y dar continuidad a los profesionales de la dirección “independientemente de los cambios de gobierno”.
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