El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado hoy en comisión parlamentaria las líneas principales del presupuesto de su departamento para 2024, que supera por “primera vez la barrera de los 900 millones” (906.989,758 euros) y crece un 7,08% respecto al ejercicio actual, por encima del incremento medio de las cuentas andaluzas. Nieto lo ha definido como un presupuesto “que pretende marcar un rumbo” en las tres áreas de su competencia.
Así, ha señalado que son unas cuentas para dotar a la Justicia de un modelo propio en Andalucía “que ya tenemos concretado y definido”, sentar las bases de un nuevo marco de relación con las entidades locales que logren la máxima eficacia de los recursos de la Junta que llegan a los ayuntamientos y “llevar a la Administración Pública definitivamente al siglo XXI”.
El consejero ha fijado la “digitalización” en las tres áreas de su competencia como la clave para lograr esos objetivos, cuyo fin último no es otro que mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.
Una Administración Pública fuerte, ágil y eficaz
Nieto ha comenzado por desgranar los presupuestos de Función Pública ya que “el personal es el activo más valioso que tiene la Junta de Andalucía”. Ha defendido el “esfuerzo” realizado por la estabilización del personal, con los procesos llevados a cabo en el ejercicio actual, un esfuerzo que continuará con el “reto de intentar estar por debajo del resto de comunidades en temporalidad”.
Ha recordado el importante incremento del Capítulo 1, el de personal, del presupuesto de la Junta: casi 800 millones más de los 1.200 en los que crecen las cuentas andaluzas para 2024 con respecto a 2023 porque “una Administración Pública de excelencia tiene que contar los recursos necesarios”. Este incremento es fruto tanto del aumento de personal, sobre todo sanitarios y docentes, como de la subida salarial “que es su derecho” del 2,5% (más un 0,5% en caso de que la inflación supere el 2%).
“Si alguien dice que no estamos haciendo una apuesta por el personal es que no ha visto los presupuestos”, ha señalado.
Nieto ha defendido que junto a la estabilización, la formación es “otro requisito fundamental para que la Administración Pública mejore”. El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería, es el organismo encargado de la misma y su presupuesto para 2024 asciende a 16.442.787 euros, un 1,03% más que este año y un 37% más que en 2018, antes de la llegada del Gobierno de Juanma Moreno.
El consejero ha subrayado su apuesta por una Administración Pública “fuerte, ágil y eficaz” y se ha referido al Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado recientemente y al I Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta “que hoy mismo han firmado los sindicatos”.
La digitalización será constante en las políticas de Función Pública, tanto en la tramitación administrativa como en la formación del personal en este tipo de habilidades. la regulación del teletrabajo “donde sea posible” o el desarrollo de ingeniería de procesos para “analizar los procedimientos y detectar fallos o cuellos de botella que se produzcan para corregirlos”.
Marcado carácter municipalista
En cuanto al área de Administración Local, Nieto ha subrayado el carácter municipalista de las cuentas generales de la Junta para 2024, con una cifra récord de 2.213 millones para el Plan de Cooperación Municipal y el nuevo incremento de la PATRICA (Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma) hasta los 530 millones.
El presupuesto de la Consejería en esta materia es de 74.702.264 euros que se destinan al PFEA -donde “se ha mantenido el esfuerzo pese a desconocer la aportación del Gobierno al no haber Presupuestos Generales del Estado por lo que es una partida abierta”-, a las ayudas a entidades locales para infraestructuras y reparar daños por catástrofes y a la financiación incondicionada para las Entidades Locales Autónomas, garantizada por ley desde la pasada legislatura.
La digitalización también es clave para la Administración Local y a ello contribuye la Consejería con el Catálogo electrónico de procedimientos de la Administración Local (cep@l), una herramienta diseñada por la Consejería a disposición de los ayuntamientos de manera gratuita para facilitar trámites online, pero también mediando los fondos Next Generation para la capacitación digital de los habitantes del medio rural porque “de nada sirve que los municipios tengan red de fibra si los vecinos no tienen habilidades digitales”.
A su juicio, estos recursos “se tienen que orientar al reto demográfico” para el que la Consejería cuenta con una Estrategia que persigue cambiar la imagen negativa del medio rural para fijar la población al territorio y captar nuevos habitantes en comarcas de interior que pierden población frente al sobre crecimiento de las zonas costeras. El objetivo es lograr un mayor equilibrio en el reparto de la población.
El año de las Infraestructuras Judiciales
En cuanto al área de Justicia, es el que acapara el mayor presupuesto de la Consejería con 736.701.271 euros, un 8,5% más que este 2023, con dos ejes fundamentales: la renovación del parque de sedes, a través del Plan de Infraestructuras Judiciales con el que el objetivo de actuar en el 100% de los partidos desde ahora hasta 2030 -”se acabó la inversión selectiva y caprichosa”-, y la digitalización de los tribunales andaluces.
“Este va a ser el año de las infraestructuras judiciales”, ha anunciado. Para ello hay un “esfuerzo inversor con 37 millones consignados para proyectos como Huércal-Overa (1,8 millones), la nueva sede de Algeciras (1,1 millones), la compra de un inmueble para la Ciudad de la Justicia de Granada (20 millones) o la habilitación del resto de edificios de la recién estrenada Ciudad de la Justicia de Sevilla en el complejo de Palmas Altas (4,3 millones). Pero también un “esfuerzo de gestión” para captar vías alternativas de financiación necesarias para completar la red de Ciudades de la Justicia de todas las capitales y grandes ciudades y renovar otras muchas sedes en todas las provincias.
Así, ha recordado los acuerdos de colaboración pública-pública alcanzados con ayuntamientos -como Roquetas de Mar (Almería), Carmona (Sevilla) o Marbella (Málaga)- y diputaciones -como la de Málaga para actuar en Torremolinos y Granada para Órgiva-. En el caso de las Ciudades de la Justicia de Jaén o Cádiz se acometerán total o parcialmente mediante colaboración público-privada, como informó el consejero recientemente en Jaén y abordará mañana con el alcalde de Cádiz y los operadores jurídicos de la capital.
Los presupuestos del área de Justicia también contemplan 36 millones en materia de digitalización para el despliegue total del nuevo sistema de gestión procesal @driano y la apuesta por aprovechar las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para bajar la alta tasa de litigiosidad en Andalucía, que también se intentará reducir impulsando la mediación frente al exceso de judicialización.
El modelo de Justicia para Andalucía conlleva también la adaptación al nuevo modelo de Oficina Fiscal y de Oficina Judicial. En 2023 se ha completado el despliegue de la primera en todas las Fiscalías provinciales y el próximo año se avanzará en la implantación de la segunda.
El carácter social de los presupuestos del Gobierno andaluz también está presente en las cuentas de la Consejería. La partida destinada al sistema de Justicia Gratuita, que garantiza el acceso al sistema de cualquier persona independientemente de sus recursos económicos, alcanza la cifra récord de 51,8 millones de euros. Nieto ha detallado que el 1 de enero entra en vigor la recién aprobada orden de módulos y bases del turno de oficio, que incrementa entre un 15 y un 20% las retribuciones de los profesionales “que llevaban 14 años congeladas” e incluye nuevos procedimientos para los que los andaluces podrán contar con un abogado de oficio.
También se ha referido a la especial atención a las mujer que sufren violencia de género, con un aumento de guardias especializadas (7.300) y 3,3 millones para reforzar el personal de los juzgados y de las Unidades de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (UVIVG).
Nieto ha destacado también el incremento del 9,73% en la partida destinada a Justicia Juvenil, que superará los 80,1 millones porque “queremos que los centros y servicios para la reeducación de los menores infractores sigan siendo un referente a nivel nacional e internacional”.
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