El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha modificado la Orden que regula las ayudas que anualmente concede a entidades locales para planes de formación de sus empleados públicos. La nueva norma simplifica los trámites que tienen que realizar los ayuntamientos y diputaciones para planificar los cursos y justificar las acciones realizadas. Además permite que ofrezcan actividades formativas a su personal durante todo el año y no solo a partir de que se publique la convocatoria anual de las ayudas ya que serán subvencionadas aunque se hayan realizada antes de dicha publicación.
El BOJA ha publicado la nueva orden (https://juntadeandalucia.es/boja/2023/212/2), que sustituye a la anterior normativa de 2014. Se adapta tanto a las reformas legislativas estatales como a los cambios acometidos por la Junta de Andalucía en cuenta a la administración electrónica, la simplificación de procedimientos y la racionalización organizativa.
El objetivo es mejorar y facilitar tanto la gestión como la ejecución y la justificación de los planes de formación subvencionados por parte de las entidades locales así como hacer más sencilla la planificación de cursos. Para ello, uno de los principios cambios incorporados es que todas aquellas acciones formativas realizadas en el año natural en que se concede la subvención pueden ser incluidas en los planes sin necesidad de esperar a que la resolución de concesión sea dictada, como pasaba hasta ahora.
El director general del IAAP, José Loaiza, ha defendido que se persigue colaborar desde la Junta en “la mejora continua de las cualificaciones y competencias del personal de las entidades locales de Andalucía ya que cuanto mayor sea su formación mejor servicio prestarán a la ciudadanía”.
Para Loaiza, la nueva orden contribuirá a un uso más eficientes de los fondos “ya que al ampliar a todo el año el plazo temporal para realizar los cursos podrán ofrecer más sin solaparse en el tiempo y ajustar mejor el contenido de los planes al importe que reciban. Eso evitará las frecuentes modificaciones posteriores para reducir los planes de formación aprobados inicialmente y minorar la cuantía de las subvenciones concedidas o incluso devolver fondos”.
Los cambios realizadas responden a demandas planteadas por muchos ayuntamientos durante los últimos años y demuestran el compromiso de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con la formación del personal al servicio de las entidades locales. En el marco de este compromiso, la Consejería ha publicado la 6ª edición de la ‘Guía para concejales de la Comunidad Autónoma de Andalucía’ y ha organizado dos jornadas para cargos y funcionarios municipales celebradas en Málaga y Sevilla.
En la convocatoria de estas ayudas en 2023 se han destinado más de 3,3 millones de euros a una treintena de entidades locales, entre ellas las ocho diputaciones, la FAMP, las mancomunidades de La Janda, Bahía de Cádiz, Islantilla o la Alpujarra granadina y el Consorcio para el desarrollo de la Vega de Sierra Elvira, además de ayuntamientos de todas las provincias.
Las subvenciones se distribuyen en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior, de ahí la importancia del cambio realizado. Las entidades beneficiarias reciben al menos el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada y otro 25% al inicio de las mismas mientras que el resto se abona una vez terminadas y justificadas.
Los cursos subvencionados pueden ser presenciales o telemáticos y generales o de especial complejidad dirigidas a personal con un perfil cualificado alto-medio, o colectivos que requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica con docentes expertos (bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios).
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