Un refugio, un apoyo y una mano amiga en momentos de tensión y dolor es lo que ofrecen los profesionales del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), “pionero” en España y que cumple ahora 25 años. Por todo ello, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han agradecido a sus profesionales una labor que “salva vidas” y que en este cuarto de siglo ha atendido a más de 200.000 personas con una “dedicación, compromiso y sensibilidad” que va mucho más allá de lo estrictamente profesional.
Por ello, Nieto y López han hecho un reconocimiento a los más de 175 abogados, psicólogos o trabajadores sociales que han prestado servicio en el SAVA durante sus 25 años, personalizados en los actuales coordinadores de cada provincia y en la fiscal delegada de víctimas de Andalucía, Ana María Hermosa.
Nieto se ha mostrado “orgulloso” de un servicio que “es una de las mejores contribuciones que podemos hacer a la sociedad andaluza”. “Es eficaz y necesario. Ojalá pudiéramos prescindir de él pero mientras haya una sola víctima de un delito haremos que llegue hasta la última persona que lo necesite en el último rincón de Andalucía”, para lo cual desde 2021 cuenta con equipos itinerantes.
“Vuestro trabajo se nota, aporta valor” ha defendido, tras destacar el compromiso y la humanización de la atención personalizada que los profesionales le dan al servicio “incluso en la decoración de los espacios” donde atienden a quienes acuden a ellos.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la importancia del SAVA, sobre todo, para las víctimas de violencia de género, ya que reciben una atención cercana y personalizada y ha dado las gracias a los profesionales de este servicio “como mujer porque con ustedes estamos más seguras”.
Tras recordar que este servicio recibió un premio Andalucía +Social por sus 25 años, la consejera ha señalado las políticas transversales de la Junta de Andalucía para acompañar y atender a las víctimas. En este punto está el nuevo Protocolo de coordinación de los servicios de atención a la violencia de género de la Administración de Justicia, concretamente, el SAVA, y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Un nuevo instrumento para reforzar la asistencia a las víctimas de violencia de género, dirigido al personal implicado en el apoyo a las víctimas, y que, además, busca facilitar una adecuada coordinación y transmisión de la información necesaria entre los diferentes servicios con el objetivo de reducir o minimizar la revictimización de estas mujeres.
“Nuestra prioridad es estar con las víctimas, luchar contra la violencia de género cada día, desde todos los ángulos y con todos los recursos a nuestro alcance”, ha continuado la consejera, que ha señalado que a finales de noviembre se llevó a cabo una formación sobre este protocolo para cerca de 250 profesionales de los centros provinciales del IAM, de los Centros Municipales de Información a la Mujer de Andalucía y del SAVA.
Junto a esta formación, también ambas consejerías han puesto en marcha un programa de formación específica y especializada dirigida a los abogados y abogadas del turno de oficio de violencia de género. En definitiva, “seguimos trabajando estrechamente para acabar con la violencia de género, una tarea que implica a toda la sociedad”, ha concluido.
El reconocimiento a los profesionales ha cerrado una jornada celebrada durante todo el día en el Acuario de Sevilla en el que profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Psicología, la Criminología y la Victimología han participado en mesas redondas y talleres sobre el trabajo del SAVA, cómo nació este servicio en 1998 -inicialmente solo en Sevilla, Granada y Málaga- y cómo se ha extendido a todas las provincias andaluzas.
Así actualmente no solo está presente en todas las capitales y en Algeciras para atender a la comarca del Campo de Gibraltar, sino que desde la pasada legislatura se han ido creando equipos itinerantes para acercarlo a las víctimas de delitos del mundo rural. Ello ha duplicado el número de personas asistidas, que actualmente supera las 23.000 al año, un 75% mujeres y de ellas el 45% víctimas de violencia de género.
El SAVA ofrece información y orientación jurídica pero también apoyo psicológico y emocional a cualquier víctima de cualquier delito desde que presenta la denuncia y durante todo el proceso judicial. Los usuarios pueden acudir directamente si bien con frecuencia son derivados por los jueces, fiscales, agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, letrados o servicios sociales.
Acompañamiento y apoyo psicológico
La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo de la viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, quien en su intervención ha puesto en valor la importancia de celebrar este foro “no solo para celebrar los 25 años de este servicio” sino sobre todo para abordar “los retos de futuro para mejorar la atención a las víctimas, que es nuestro objetivo”.
Así, la primera mesa redonda, moderada por el director general de Justicia Juvenil, Esteban Rondón, se ha centrado en los ‘Orígenes y evolución del SAVA, propuestas de futuro’. Responsables y profesionales del servicio en Granada, Huelva y Jaén, han destacado la necesidad de incorporar las herramientas digitales, mejorar la accesibilidad al servicio y la cooperación con otros recursos, como recientemente se ha hecho con el IAM a través de un protocolo. También han abogado por contribuir a la justicia restaurativa para las víctimas de delitos.
Posteriormente, las coordinadoras de los SAVA de Sevilla y Córdoba, Sandra Millán y Laura Fernández respectivamente; las fiscales de Sevilla Natividad Plasencia y Marta Valcarce, el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, Francisco Manuel Gutiérrez, y el Letrado de la Administración de Justicia coordinador de la Oficina del Jurado de Sevilla, Luis Revilla, han abordado “El acompañamiento a la víctima en el proceso penal” en una segunda mesa redonda moderada por la fiscal coordinadora de Sevilla, Ana María Hermosa.
Todos han destacado que es importante ofrecer “un acompañamiento psicólogo y de apoyo” y se han referido a víctimas especialmente vulnerables como las mujeres explotadas por redes de tráfico de personas o quienes sufren estafas, que suelen tener vergüenza a reconocer que han sido engañados. También se han recordado asuntos mediáticos en los que ha intervenido el SAVA con las familias afectadas como desapariciones y asesinatos, como los de Marta del Castillo y los pequeños Ruth y José Bretón, o los casos de bebés robados.
Han subrayado la “generosidad” de las víctimas que “nos han enseñado a perdonar” y han dejado claro que no son un testigo sino las “protagonistas” del proceso, de ahí la importancia de la comunicación con ellas y su protección, por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas, para que no se crucen con el agresor cuando acuden al juicio.
Las jornadas también han contado con un taller dirigido por la psicóloga del SAVA de Granada Gracia Carreras sobre la ‘Ayuda al bienestar emocional de los equipos de asistencia a las víctimas’, cuyo autocuidado resulta fundamental dada la implicación personal de los trabajadores del servicio.
Un caso real
Antes de la clausura y la entrega de los reconocimientos a los profesionales, en la que junto a los consejeros de Justicia e Inclusión Social ha participado también la vocal del Consejo General del Poder Judicial María Ángeles Carmona, la magistrada afgana Suraya Ahmadyar ha relatado su huida de su país al ser perseguida por los talibanes por su doble condición de mujer y jueza tras más de 20 años ejerciendo en los tribunales de Kabul. Es una de las 270 juezas afganas que estaban en las “listas de ejecución de los talibanes”, siete de ellas refugiadas en España.
En su idioma persa -con la ponencia traducida escrita que leyó la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres- Ahmadayar ha relatado cómo durante 20 años las mujeres afganas “podían ir al colegio, viajaban libremente, ingresaron en la Universidad de forma masiva, se aprobó la ley que prohibía la violencia contra las mujeres y otras leyes que protegían sus derechos, entre ellos el derecho a ser elegidas, 270 juezas en los últimos 20 años, tuvimos mujeres en el gobierno, viceministras, embajadoras, alcaldesas, atletas femeninas compitieron en los Juegos Olímpicos, tuvimos, mujeres generales en el Ejército... pero todo se perdió en un día, en una noche”.
Fue cuando en agosto de 2021 los talibanes regresaron al poder y “mientras intentaban mostrar que habían cambiado sus valores, poco a poco intensificaron la represión a las mujeres; cerraron las puertas de las escuelas a las niñas, fueron despedidas de puestos gubernamentales, les prohibieron viajar, la violencia contra ellas aumenta día a día y no existe un sistema judicial para enfrentarla”.
La magistrada ha dejado claro que los talibanes “no tienen ningún plan más que la eliminación de las mujeres y ejercer la violencia contra ellas al considerar que causan la corrupción de los hombres”. Muchas se ven obligadas a la mendicidad o a vender su cuerpo “e incluso a sus hijos”. El regreso de los talibanes “ha sido un desastre para Afganistán” donde 35 millones de personas viven en la pobreza, la infraestructura económica ha sido destruida y el país “se ha convertido en un nido de terroristas”.
Ahmadyar ha subrayado que “los talibanes no han cambiado, se han vuelto peores y más brutales todavía. Pero las mujeres afganas no son las de ayer, seguirán luchando por sus legítimos derechos pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Visiblemente emocionado, ha pedido al mundo que “por favor sean la voz de las niñas y mujeres de Afganistán y no las dejen solas”. Una petición respondida con un cariñoso aplauso. Así, ha exigido “reuniones internacionales serias” con instituciones como la Organización de Países Islámicos.
Tras su discurso, la fiscal Flor de Torres, ha recordado que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, a la que ambas pertenecen, lanzó una petición para dar asilo a 270 juezas afganas. Ahmaydar llegó a Sevilla, donde reside junto a su marido, sus cuatro hijos y su cuñada y donde la fiscal la conoció. Como asilada no tenía libertad total de movimientos y De Torres le planteó solicitar a la Fiscalía su acreditación como víctima de violencia económica, social y laboral. Presentó la solicitud en junio de 2023 y la fiscal recabó los informes necesarios, entre los que resultó fundamental el del SAVA de Sevilla.
“Ya habían estado pendientes de ella y su familia e hicieron un informe multidisciplinar y valiente que deja claro el miedo a volver a su país por estar en el punto de mira y concluye que está perseguida por razón de sexo”, ha explicado. Así la fiscal pudo emitir el certificado víctima violencia laboral, social y económica por el hecho de ser mujer, “lo que le permitió entrar en el paraguas de protección integral para las víctimas de violencia de género gracias a que la Ley integral andaluza, que es una de las más avanzadas y abarca todo tipo de violencia contra la mujer”.
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