El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con Caixabank para adquirir por 22,3 millones el edificio conocido como el Cubo, de 36.500 m², donde se unificará todo la Jurisdicción Civil de Granada. Será el primero de la ansiada Ciudad de la Justicia de la capital, que se completará con otro inmueble de nueva construcción en el solar anexo que cederá la Consejería de Cultura destinado a la Jurisdicción Penal.
Nieto ha dado cuenta de este importante acuerdo para dar respuesta una histórica demanda en una comparecencia ante los medios en la Real Chancillería de Granada previa a la celebración del último Pleno del año del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presidido por Lorenzo del Río. Previamente ha informado personalmente a las autoridades judiciales y operadores jurídicos de la ciudad en una reunión.
“Es una magnífica noticia para Granada que nos supone adelantar 15 años, que es lo que se tarda en construir y habilitar un edificio de 36.500 m²”, ha subrayado, tras destacar que resuelve los problemas de “dispersión y desorden” de los órganos judiciales en la ciudad.
El consejero ha detallado que, una vez alcanzado el acuerdo para la compra, la entidad concretará cuándo puede poner el edificio a disposición de la Junta “ya que ahora mismo aún hay gente trabajando” y se formalizará el contrato de compraventa, si bien mientras la Consejería trabajará en el proyecto de adecuación para adaptarlo al uso judicial y ha confiado en que durante 2024 se ponga en funcionamiento.
Así, ha explicado que el inmueble albergará toda la Jurisdicción Civil, incluyendo la Presidencia de la Audiencia Provincial y las secciones civiles -lo que permitirá abandonar el actual edificio en alquiler que ocupa ésta-, los juzgados de Primera Instancia, Familia, Contencioso-Administrativo y Mercantil, la Fiscalía de Familia, el Registro Civil y el resto de servicios que actualmente ocupan la sede de Plaza Nueva, frente a la Real Chancillería.
Nieto ha agradecido al director territorial de Caixabank, Juan Ignacio Zafra, su “esfuerzo por alcanzar un acuerdo” así como la colaboración de la consejera de Hacienda, Carolina España; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez; y el presidente del TSJA y demás agentes judiciales de la ciudad ya que “todo el mundo ha puesto de su parte” y con quienes ha estado en permanente contacto durante toda le negociación hasta anunciarles hoy el acuerdo definitivo antes de hacerlo público.
Paralelamente, también se ha dialogado con la propietaria del solar anexo, la actual Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que dirige Arturo Bernal, para su cesión destinada a construir otro edificio para albergar la Jurisdicción Penal, ya que el objetivo es “unificar los órganos judiciales de Granada en el menor número de sedes posibles” y acabar con la dispersión existente en la ciudad durante “muchísimo tiempo, una anomalía que no se podía sostener más”.
Así, el objetivo es que todos los órganos se encuentren en el Cubo y el futuro edificio que se construirá anexo además de mantener la Real Chancillería, sede histórica de la Justicia desde el reinado de Isabel la Católica, para los órganos autonómicos. “Estamos apostando por la unificación y por una solución que responda al interés general”, ha defendido, agrupando jurisdicciones incluyendo a las fiscalías para que estén “dónde está la actividad judicial”.
Mientras se pone en marcha el proyecto del edificio de nueva construcción, y con el fin de atajar ya la actual dispersión pensando especialmente en el servicio al justiciable, la Jurisdicción Penal se reorganizará en la actual sede de Caleta y se establecerá un Plan de Movilidad para la conexión de este edificio con el Cubo además de trabajar en la digitalización de ambas sedes y de la Real Chancillería. En total, la inversión prevista entre la compra y habilitación del Cubo y las actuaciones en Caleta y la actual sede del TSJA asciende a 45 millones de euros.
Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030
Nieto ha hecho hincapié en que el acuerdo alcanzado sobre el primer edificio de la Ciudad de la Justicia de Granada se enmarca en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que prevé completar la red de Ciudades de la Justicia de todas las capitales y actuar en el 100% de los partidos judiciales andaluces, bien con la construcción de sedes nuevas, la adecuación de edificios existentes y, sobre todo, la organización “planificada” de las instalaciones tras décadas de “improvisación” y “parches” ante los déficit que presentan más de la mitad de las sedes actuales.
Así, este año han comenzado a funcionar los 17 primeros órganos en la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se suma así a las de Almería, Córdoba y Málaga, al tiempo que se ha determinado la fórmula de la colaboración pública-privada para la de Jaén, que ya cuenta con el estudio de viabilidad; se está ultimando el de Cádiz y ya se ha acordado con el Ayuntamiento la urbanización de la parcela para la de Huelva.
Además de los proyectos de las capitales, la Consejería trabaja en los de grandes ciudades como Jerez, Algeciras, Marbella, Torremolinos, Estepona, Torrox o Roquetas de Mar, a través de diversas vías alternativas de financiación como la colaboración pública-pública con ayuntamientos como el de Roquetas de Mar y diputaciones como la de Málaga; la colaboración público-privada como en Jaén; o el uso, por primera vez, de fondos europeos para la Justicia.
Nieto ha recordado que el año pasado, en el pleno del TSJA de diciembre, anunció su intención de diseñar un modelo de Justicia para Andalucía con el fin de “pasar de la improvisación a la planificación desde el análisis, el diálogo con los operadores jurídicos y teniendo en cuenta el servicio a la ciudadanía”.
Digitalización y reordenación de recursos humanos
Fruto de ese análisis se concluyó la necesidad de elaborar un Plan de Infraestructuras Judiciales para paliar las malas condiciones existentes, resolver los retrasos y problemas de la implantación del nuevo sistema de gestión procesal @driano para avanzar en la digitalización de la Justicia y acometer una reordenación recursos humanos que “en unos casos faltan y en otros no están bien organizados”. Así, el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 es el primero de los instrumentos estratégicos para diseñar el modelo de Justicia en Andalucía.
Por su parte, el presidente del TSJA, ha señalado la necesidad de agilizar los tiempos de las nuevas infraestructuras previstas todo lo posible, y se referido también a la incertidumbre existente aún sobre los nuevos juzgados que se crearán en 2024, ya que el Ministerio de Justicia aún no ha publicado en el BOE la relación definitiva de los mismos, que en el caso de Andalucía tienen que ser dotados de recursos materiales y humanos por la Junta.
Al Pleno ha asistido también la vocal del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, que ha agradecido al consejero que haya tenido en cuenta “la opinión del Poder Judicial y de la Fiscalía en todos los proyectos”, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo para “acabar con la dispersión de edificios judiciales tanto en Granada como en Sevilla, necesario para el justiciable”.
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