El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del primer protocolo de colaboración pública-pública suscrito por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con la Diputación de Málaga para construir una nueva sede judicial en Torremolinos que permita unificar los diez juzgados actualmente dispersos de este partido en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento costasoleño. Con este acuerdo, la Consejería abre una nueva vía de colaboración entre administraciones para desarrollar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, ya que hasta ahora se habían alcanzado pactos con ayuntamientos para ello, pero en este caso se incorpora a una Diputación provincial.
El protocolo suscrito el pasado día 14 entre la Consejería de Justicia, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos supone un acuerdo pionero a tres bandas: el Consistorio cede el suelo, que permitirá duplicar la superficie total de las tres sedes judiciales actuales; la Diputación acometerá la construcción del nuevo edificio, con un proyecto redactado por la Junta; y la Consejería se compromete a alquilarlo para uso judicial durante 30 años por una renta que permita a la institución provincial recuperar la inversión. .
El nuevo edificio contará con 8.465 m², frente a los 3.987 m² que actualmente suman en total las tres sedes que resultan insuficientes para los diez juzgados de Torremolinos y carecen de espacio para futuros nuevos órganos que se puedan crear en una zona en constante crecimiento de población y desarrollo económico, lo que conlleva mayor actividad judicial. El partido judicial de Torremolinos da servicio además a Benalmádena.
El proyecto de ejecución que la Consejería de Justicia entregará a la Diputación ha sido redactado por la arquitecta Pilar Macías. La institución provincial sacará a licitación las obras en 2024 con el fin de que la construcción comience en el menor plazo posible.
La construcción de una nueva sede judicial para Torremolinos es una demanda histórica de los vecinos y los agentes judiciales. El Ayuntamiento cedió en 2005 los terrenos para ello si bien el proyecto ha estado bloqueado hasta ahora. La colaboración de la Diputación de Málaga ha permitido ponerlo en marcha mediante una vía de financiación alternativa basada en la colaboración público-público que la Consejería de Justicia ya ha iniciado en otros partidos judiciales de la provincia, como Marbella, y de otras zonas de Andalucía, como Roquetas de Mar (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Carmona (Sevilla).
En todos estos casos, serán los ayuntamientos quienes acometan las obras a cambio de la garantía de la Consejería de alquilar los nuevos edificios durante 30 años y colaborar para la redacción de los proyectos. En Torremolinos es la primera vez que se involucra en el proyecto una Diputación provincial.
La colaboración pública-pública es una de las vías alternativas de financiación que está utilizando la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para desplegar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que prevé intervenir en el 100% de los partidos judiciales andaluces. También se han puesto en marcha otras fórmulas como la colaboración público-privada, como en el caso de la Ciudad de la Justicia de Jaén, o el uso, por primera vez, de fondos europeos para edificios judiciales, sobre todo en el medio rural.
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