La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha suscrito este año medio centenar de convenios de colaboración con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para que los menores infractores que cumplen medidas no privativas de libertad realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeductativas, que les imponen los jueces, en servicios municipales y ONG de su entorno.
Entre los ayuntamientos con los que por primera vez se han firmado estos acuerdos destacan los de Almería y Jaén. Además, la Diputación de Jaén se ha convertido en la primera institución provincial en colaborar con la Consejería de Justicia para la ejecución de las medidas de medio abierto impuestas a los menores infractores.
Además, este año se han firmado convenios con las entidades cordobesas Córdoba Acoge y Promi y la asociación En Familia de Granada para que los jóvenes cumplan las medidas judiciales colaborando como voluntarios en la labor que éstas realizan, lo que les permite tomar contacto con otras realidades sociales como las de las personas migrantes o con discapacidad. Ello contribuye a su educación en valores y a su proceso de reorientación y reinserción social para superar la situación de conflicto que les ha llevado a cometer acciones que merecen un reproche penal.
Asimismo, en 2023 también se han renovado seis convenios cuya vigencia expiraba con el consistorio sevillano de Bormujos y los ayuntamientos cordobeses de Espiel, Adamuz, Dos Torres, La Rambla y Fuente La Lancha.
Así, en total, actualmente la Consejería tiene 245 acuerdos vigentes con 231 ayuntamientos, 13 entidades sociales y una Diputación.
La Consejería de Justicia tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. Para ello, la Ley del Menor permite realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para su cumplimiento.
Entre las medidas de medio abierto, los jueces pueden establecer la libertad vigilada -que requiere de la colaboración de las Policías Locales de los ayuntamientos-, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas.
Para facilitar la ejecución de estas medidas, la Consejería tiene acuerdos con ayuntamientos y entidades sociales donde los menores resarcen a la sociedad del daño causado con su conducta colaborando en labores, no remuneradas ni sustitutivas de puestos de trabajo.
En el caso de los ayuntamientos, colaboran con los servicios municipales de jardinería, mantenimiento o Protección Civil realizando labores de limpieza o restauración del mobiliario urbano. En las ONG, contribuyen a la actividad que realiza cada entidad como el acompañamiento a mayores o personas con discapacidad o la organización y reparto de ropa, alimentos o juguetes.
Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA) se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de este tipo de medidas.
Durante el primer semestre de 2023, un total de 3.377 menores (2.775 chicos y 601 chicas) cumplieron 4.716 medidas no privativas de libertad -un mismo menor puede tener impuestas varias-. Los delitos más comunes cometidos por estos jóvenes fueron los de lesiones (31%) y contra el patrimonio (27%). La libertad vigilada es la medida más frecuente (52%), seguida de las tareas socioeducativas (13%) y los tratamientos de salud mental o por adicciones. Las prestaciones en beneficio de la comunidad representaron el 4% de las medidas de medio abierto ejecutadas entre enero y junio.
Compartir en