Justicia implanta el expediente único digital de los menores infractores para seguir su evolución
Visita del consejero al CIMI Medina Azahara de Córdoba,
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha implantado el expediente único digital de los menores infractores, que permite a jueces, fiscales y profesionales de los centros y servicios donde éstos cumplen medidas compartir información actualizada para seguir su evolución. Andalucía es la primera comunidad autónoma en contar con esta aplicación, que forma parte de la apuesta de la Junta por la digitalización en la Administración de Justicia para hacerla más ágil y sostenible.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la implantación en todo el territorio del nuevo sistema de información de Justicia Juvenil PRISMA, desarrollado por la empresa Ayesa Advanced Technologies S.A. con una inversión de 663.643,14 euros (IVA incluido).
Tras realizar una experiencia piloto el pasado junio en Huelva, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha ido extendiendo el sistema al resto de provincias y en diciembre de 2023 se completó su implantación en todos los juzgados y fiscalías de Menores.
Andalucía es pionera en contar con un expediente único digital en que está unificada toda la documentación relativa a los menores infractores, lo que facilita la tramitación, modificación y control de las medidas que los jueces imponen a los jóvenes y éstos cumplen en los centros y servicios que gestiona la Consejería de Justicia.
El nuevo sistema permite las comunicaciones telemáticas, vía LexNet, entre los órganos judiciales y los profesionales de los centros y servicios donde los jóvenes cumplen las medidas. Toda la documentación relativa a la ejecución de las medidas judiciales queda integrada en un expediente único digital que contiene así no solo información sobre el estado del mismo en un momento puntual, como hasta ahora, sino toda la evolución del menor desde el inicio hasta el fin de la ejecución de la medida.
La digitalización de la Administración de Justicia es uno de los ejes prioritarios de actuación de la Consejería, con el objetivo de hacerla más ágil y sostenible, al reducir el uso del papel y desplazamientos innecesarios.
Con PRISMA los fiscales y los profesionales de los centros y servicios donde los menores cumplen las medidas pueden acceder telemáticamente a las órdenes de los jueces de modificación de medidas (por acumulación de condenas, refundición, sustitución u otros supuestos). Igualmente, los jueces y fiscales pueden consultar directamente los informes de seguimiento de los equipos que trabajan con los jóvenes y las comunicaciones de cualquier incidencia. Hasta ahora, este intercambio de información se hacía por correo electrónico o fax.
Toda esta documentación queda guardada en un único expediente digital de cada menor, evitando duplicidades cuando los jueces imponen a un mismo joven varias medidas que ejecutan en diferentes centros y servicios (por ejemplo, libertad vigilada y asistencia a un taller socioeducativo o prestaciones en beneficio de la comunidad).
Los documentos contenidos en el expediente tienen validez legal, ya que se ha integrado con los sistemas Portafirmas y Centrodefirmas. Así, una vez que se realiza el trámite necesario, el propio sistema genera una plantilla documental entre 100 modelos creados durante el desarrollo, y la firma se realiza de forma transparente para el usuario.
PRISMA permite a todos los profesionales que trabajan con los menores infractores disponer de información completa de forma inmediata, ordenada y segura. Además, es un sistema flexible, con capacidad de respuesta a los cambios que puedan producirse en la normativa y la gestión de procesos, así como la posibilidad de ser adaptado a la organización y funcionamiento de otras entidades públicas de reforma autonómicas.
Mejora también la información estadística y facilitará su explotación para investigaciones y estudios, pues permite mostrar datos sobre medidas y menores con carácter anónimo. Hasta ahora no era posible eliminar los datos personales de los expedientes, lo que impedía su uso académico para poder preservar la protección de datos. Ello será de gran utilidad para el futuro Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil en el que trabaja la Consejería de Justicia.
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