El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado hoy en Comisión parlamentaria el impulso a la Estrategia andaluza de Mediación con la creación de un servicio público para fomentar acuerdos en el ámbito Penal. A partir de marzo, los jueces podrán derivar asuntos a este servicio gratuito, que será prestado por entidades profesionales, y contribuir así a desatascar los tribunales y que la Justicia sea “más ágil y eficiente”.
Nieto ha destacado que la resolución extrajudicial de conflictos es una herramienta que se utiliza desde hace tiempo en ámbitos como el Laboral o Familiar “pero no ha tenido la inversión necesaria ni la vocación de otorgarle un carácter importante en Andalucía”. Prueba de ello es que la comunidad soporta la tercera tasa de litigiosidad más alta del país, 36,8 asuntos por cada mil habitantes, solo superada por Canarias y Baleares y muy cerca a la de Cataluña “frente a otras comunidades que sí han apostado por la mediación como Navarra”.
No obstante, ha advertido que no es un proceso “fácil ni rápido” ya que requiere una conciencia y una cultura del acuerdo frente al conflicto que “es difícil cambiar de golpe”. De hecho, allí donde la mediación funciona mejor está dando resultados “tras una etapa larga de inversión, difusión y concienciación”.
“Por eso a lo largo 2023 hemos ido construyendo una Estrategia de Mediación, coordinada por un nuevo servicio específico creado dentro de la Dirección General de Justicia Juvenil, con una serie de medidas. Queremos que no sea una vía puramente testimonial, que sea una herramienta tanto extrajudicial como intrajudicial, en el orden Penal y Civil, para menores y para adultos”, ha detallado.
En la jurisdicción Penal, la mediación ya se utiliza con los menores infractores y “está funcionando con muy buenos resultados”. Así, Nieto ha anunciado que, en el marco de la Estrategia, se va a crear un Servicio de mediación Penal para adultos a partir de marzo. Será un servicio público y gratuito, prestado por entidades especializadas a través de un contrato público siempre bajo la supervisión de la Consejería.
Serán los jueces los que derivarán a este servicio asuntos de todo tipo de delitos que crean que pueden resolverse, a excepción de los de violencia de género, en los que “está prohibida la mediación por ley”. Inicialmente se comenzará con los delitos leves para progresivamente extenderlo a todos aquellos asuntos que los jueces consideren que se pueden resolver por esta vía.
Nieto ha subrayado la importancia de “implicar a los jueces” ya que los datos demuestran que se logran más acuerdos cuando los asuntos son derivados por estos que cuando las personas acuden por iniciativa propia a esta vía, ya que con frecuencia en estos casos no es posible avanzar en el proceso porque la otra parte no acude.
Igualmente, el consejero ha destacado que “hemos sido pioneros al incorporar la mediación en el sistema de Justicia Gratuita”. Así, desde el 1 de enero los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar un abogado de oficio pueden pedirlo para que les asista en procesos de mediación. Y los profesionales que presten este servicio recibirán una compensación económica de 400 euros en caso de alcanzar un acuerdo, el módulo máximo incluido en la nueva Orden de módulos y bases que regula las retribuciones de los letrados del turno de oficio. La Consejería quiere contar con los profesionales de la Abogacía como aliados para difundir la mediación y que no la vean como una amenaza para su trabajo sino como una herramienta para lograr soluciones satisfactorias para sus clientes.
También está ya en marcha la creación del Consejo Asesor, que impulsará y evaluará el funcionamiento de la mediación; así como un Registro de andaluz de mediadores y entidades de mediación, para que los andaluces cuenten con una base de datos de profesionales especialistas en la resolución extrajudicial de conflictos.
Puntos de Información para la Mediación
El consejero también ha hecho referencia a los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que funcionan desde 2021 en las principales sedes judiciales de las ocho capitales además de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga). En 2023 los PIMA concertaron 1.500 citas informativas, más del doble que en 2022, el 40% por derivaciones judiciales y el 60% solicitadas por usuarios, aunque “el problema es que el proceso termine finalmente en mediación”. En más de la mitad de los asuntos, no se pudo ni iniciar el proceso de mediación porque una de las partes no acudió.
Por ello ha incidido en la apuesta del Gobierno andaluz por promover esta alternativa y ha pedido colaboración a los jueces, fiscales, abogados y demás operadores jurídicos para que vean en la mediación una herramienta útil que ofrece soluciones satisfactorias y puede contribuir a aliviar la sobrecarga de los juzgados para evitar que se alarguen los procedimientos y se señalen juicios a años vista.
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