El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido que el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030 es el “mayor y más ambicioso” proyecto de este tipo puesto en marcha por una comunidad autónoma, ya que supondrá la movilización de 1.500 millones de euros para actuar en los 85 partidos judiciales del territorio.
El plan, presentado oficialmente el pasado miércoles por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es -en palabras de Nieto- un proyecto “claro, nítido, ambicioso, fruto del diálogo y el análisis, que vamos a ir ejecutando a lo largo de los próximos años” con el objetivo de desplegar el primer modelo de Justicia en Andalucía, 27 años después de que las competencias fueran transferidas.
Un modelo que pasa por acabar con la actual dispersión de edificios judiciales -que conllevará un importante ahorro en alquileres- y adecuar las sedes a la nueva organización de recursos que supondrá la creación de los tribunales de instancia prevista en la Ley de Eficiencia Organizativa, a la digitalización del sistema judicial y a las exigencias actuales en materia de accesibilidad y eficiencia energética. Para el consejero, el primer paso para mejorar la Administración de Justicia es dotarla de instalaciones dignas y recursos materiales para que los profesionales puedan trabajar y la ciudadanía acceder a un servicio de calidad.
Así, el plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas (se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, que ya cuenta con un edificio en funcionamiento en Palmas Altas) ya que hasta ahora solo disponen de estas instalaciones Málaga, Almería y Córdoba; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales; así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.
De esta forma, el Plan incluye además de 60 grandes actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va a suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces. “Va a ser el mayor plan que se ha puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma, el más ambicioso, el más dialogado y que va a llegar a todos los partidos judiciales, a los 85 de Andalucía”, ha recalcado Nieto.
Uno de los principales retos en el diseño de este plan ha sido la búsqueda de fórmulas alternativas de financiación para poder acometer un proyecto tan ambicioso, conscientes de que las limitaciones presupuestarias impedirían desarrollarlo a corto y medio plazo. Prueba de ello es que desde que se transfirieron las competencias de Justicia a la comunidad autónoma, solo se han construido 22 sedes judiciales.
Para ello, la Consejería de Justicia ha apostado por el diálogo y la colaboración entre administraciones, así como con la iniciativa privada y fórmulas imaginativas para poder destinar a la Justicia recursos que hasta ahora nunca se habían usado en esta materia, como los fondos europeos para intervenir en partidos judiciales del medio rural y edificios patrimoniales.
Así, la Consejería ha alcanzado acuerdos con 11 ayuntamientos y diputaciones, de todo signo político y de distintas provincias, para acometer algunos de estos proyectos mediante la colaboración público-pública, de forma que son las entidades locales quienes construirán los edificios con el compromiso de la Junta de abonar un canon anual durante 30 años que les permitirá recuperar la inversión realizada en un 150%. Roquetas de Mar (Almería); Torrox (Málaga); Carmona, Dos Hermanas, y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), son algunas de las sedes judiciales que se construirán “gracias a la implicación de sus alcaldes y alcaldesas”. Con las diputaciones provinciales ya se han suscrito protocolos para que la de Málaga acometa la construcción de la sede de Torremolinos y la de Huelva el nuevo edificio para los juzgados de Ayamonte en terrenos cedidos por sus respectivos consistorios, en un acuerdo a tres bandas.
Además de esta fórmula de colaboración entre administraciones, la concesión de obra pública a la iniciativa privada permitirá desbloquear proyectos muy demandados como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Huelva y Jaén.
Para Nieto, el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 es “un reto que es un éxito de esa Andalucía líder y la forma de hacer política” marcada por el presidente de la Junta, basada en el diálogo y la cooperación en beneficio de la ciudadanía. Por ello, la presentación del plan fue realizada esta semana ante una nutrida representación de jueces, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, a la cabeza; fiscales, con la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, al frente; representantes de los letrados de la Administración de Justicia; decanos de colegios de abogados, procuradores y graduados sociales de las ocho provincias; sindicatos; alcaldes y alcaldesas; responsables de las diputaciones provinciales; y parlamentarios andaluces de la Comisión de Justicia de diferentes grupos.
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