La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública incorporará 78 nuevas plazas de funcionarios para atender a los juzgados que se crean este año en Andalucía y para reforzar las Fiscalías provinciales y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ante el incremento de actividad que supondrá la creación de estos nuevos órganos judiciales. La inversión anual para este personal -entre tramitadores, gestores procesales, auxilios judiciales y médicos forenses- asciende a 3.220.582 euros.
La Junta de Andalucía, como administración prestacional en materia de Justicia, tiene las competencias de dotar de recursos materiales y humanos a los órganos judiciales de la comunidad autónoma. Para el presente ejercicio, el Ministerio de Justicia ha aprobado crear 70 nuevas unidades en todo el país, una docena de ellas en Andalucía. El Consejo de Gobierno ha tomado hoy conocimiento de la adecuación de las plantillas para su puesta en marcha.
De las doce nuevas unidades judiciales, seis son plazas de magistrado incorporadas el pasado 31 de enero a las Audiencias provinciales de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, que la Consejería de Justicia ha reforzado con un profesional más del cuerpo de tramitadores en cada una de ellas para apoyar a los nuevos magistrados.
Las otras seis son nuevos juzgados en Almería (dos), Cádiz, La Palma del Condado (Huelva), Málaga y Dos Hermanas (Sevilla).
Cuatro de ellos entrarán en funcionamiento el próximo 31 de marzo: el Juzgado de lo Social n.º 6 y el de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Almería (con competencia en los asuntos sobre esta materia de Roquetas del Mar), el Juzgado de lo Social n.º 4 de Cádiz y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de La Palma del Condado. La puesta en marcha del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 4 de Málaga y del primer juzgado especializado en estos asuntos en Dos Hermanas está pendiente de que el Ministerio determine la fecha.
Las plantillas de los dos Juzgados de lo Social de Almería y Cádiz contarán con ocho funcionarios cada una (dos gestores, cuatro tramitadores y dos del cuerpo de Auxilio judicial). El Juzgado Mixto de La Palma del Condado tendrá siete profesionales (dos gestores, cuatro tramitadores y un auxilio judicial), si bien la creación del cuarto juzgado en el partido judicial onubense exige adecuar también la plantilla del Servicio Común, al que se incorporarán tres funcionarios más (dos gestores y un tramitador).
En cuanto a los nuevos órganos de Violencia sobre la Mujer de Almería, Málaga y Dos Hermanas contarán con una plantilla de diez funcionarios cada uno (tres gestores procesales, cinco tramitadores y dos auxilios). Su creación exige también reforzar los equipos de las tres Fiscalías provinciales con un funcionario más del cuerpo de Tramitación procesal cada una.
Además, el Ministerio de Justicia también ha acordado la comarcalización desde el 1 de abril de varios juzgados de violencia de género de Granada (que asumirá los asuntos especializados en esta materia de Santa Fe), Cádiz (que llevará los de Puerto Real y San Fernando), Jaén (para asumir los del partido judicial de Martos), Almería (el nuevo juzgado de violencia de género tendrá competencias en esta materia en Roquetas de Mar) y Málaga (el de Marbella asumirá los asuntos de Estepona y el nuevo juzgado de la capital los de Torremolinos). La Consejería de Justicia ha estudiado las cargas de trabajo que ello conllevará para adecuar las plantillas allí donde sea necesario.
Así, se incorporará un tramitador más a los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Granada capital y a los cuatro de Málaga (incluido el de nueva creación cuando se ponga en marcha). También se reforzarán IMLCF de Almería y Cádiz con un médico forense más y los de Málaga y Sevilla con un tramitador procesal cada uno.
Por último, el 31 de marzo también entrará en vigor la transformación en Córdoba del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 en el Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de la capital, lo que conllevará la ampliación de su plantilla de siete a diez funcionarios al incorporarse dos gestores procesales y un tramitador.
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