Analizar los retos demográficos que afronta Andalucía, la comunidad autónoma más poblada pero con importantes desequilibrios territoriales en el reparto de sus habitantes, es el objetivo de la jornada de trabajo celebrada hoy entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las Diputaciones provinciales.
La viceconsejera, Ana Corredera, ha inaugurado el encuentro, celebrado en el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), y ha destacado que las instituciones provinciales son aliadas clave en la Estrategia frente al desafío demográfico que está diseñando la Secretaría general de Administración Local de la Consejería, liderada por María Luisa Ceballos, en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) y un comité de expertos formado por una docena de profesionales de Sociología, Geografía o Demografía.
Andalucía no sufre el problema de despoblación generalizada que padecen otros territorios, sigue siendo la comunidad más poblada (8,5 millones de habitantes) y pese a la baja tasa de fecundidad y el envejecimiento de la población, aún crece porque el saldo migratorio es positivo. Las previsiones señalan que hasta 2040 la población se mantendrá pero a partir de entonces comenzará a decrecer hasta haber perdido alrededor de un millón de habitantes en 2070.
Con todo, el principal reto demográfico es el reparto territorial de la población ya que ésta se concentra en las grandes ciudades y zonas de costa mientras las comarcas de interior y de sierra pierden vecinos a un ritmo lento pero constante (unas 7.500 al año).
El objetivo de la Estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía es poner en valor la calidad de vida y los equipamientos y servicios de los municipios andaluces, cambiar la imagen negativa que tradicionalmente se ha transmitido y ayudar a los ayuntamientos a generar oportunidades laborales y de negocio para que los vecinos no se marchen y captar nuevos habitantes.
Todo ello requiere políticas transversales y multisectoriales en colaboración con las entidades locales y las diputaciones provinciales, que conocen el terreno y prestan apoyo a los municipios más pequeños.
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