Estudiantes de Derecho, Psicología y Educación Social de la Universidad de Córdoba (UCO) completarán su formación académica realizando prácticas en servicios de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública como los centros donde los menores infractores cumplen medidas judiciales, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) o el Punto de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA).
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, han destacado la importancia de la colaboración entre ambas instituciones durante la firma de sendos convenios, actualizados conforme a la nueva Ley General de Seguridad Social para garantizar la cotización por los estudiantes durante la realización de estas prácticas.
Nieto se ha mostrado “encantado de establecer este vínculo con la Universidad de Córdoba, que es una universidad de primera” y ha señalado que la acogida y preparación práctica del alumnado que participa en estas prácticas “nos permite identificar el talento, la formación, pero también la vocación, que es casi más importante”.
El consejero ha detallado que, durante las prácticas, los profesionales de los distintos centros y servicios realizan un “acompañamiento y seguimiento personalizado” de cada estudiante, un trabajo en el que también aprenden los propios trabajadores que los tutorizan.
En el caso de las prácticas en los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil, la colaboración entre la Consejería y la UCO se puso en marcha la pasada legislatura con muy buenos resultados. De hecho, el equipo del Máster General de Psicología Sanitaria de la UCO ha hecho hoy, tras la firma de los convenios, un acto de reconocimiento a las entidades colaboradoras para facilitar prácticas a su alumnado, entre ellas la Consejería de Justicia y las fundaciones Diagrama y Meridianos que gestionan los CIMI cordobeses.
El curso pasado, esta colaboración se amplió al SAVA, el PIMA y los PEF, porque beneficia a todas las partes implicadas: los estudiantes complementan su formación mediante la aplicación real de los conocimientos adquiridos y vislumbran posibles salidas laborales a sus estudios para orientar su trayectoria profesional; y la Administración de Justicia cuenta así con una bolsa de profesionales cualificados a los que incorporar en un futuro, ya como trabajadores contratados, para ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad.
Así, Nieto ha señalado que ya son varios los jóvenes que tras pasar por estas prácticas se han incorporado al personal de algunos de estos centros. Y también se ha referido a la influencia que tiene en los menores infractores el contacto con los estudiantes, ya que muchos de ellos retoman los estudios e incluso se han matriculado en titulaciones universitarias como Psicología,
Según los convenios, será la Universidad la que realice la selección de los alumnos. Y el número se decidirá en función de las solicitudes que se presenten y de la disponibilidad para atenderlas de cada uno de los servicios.
42 plazas para estudiantes
La previsión es que sean unos 42 jóvenes los que realicen estas prácticas, no remuneradas y que no suplirán ningún puesto de trabajo, entre los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Medina Azahara y Sierra Morena, los Grupos Educativos de Convivencia (GEC) masculino y el femenino de Córdoba, el Servicio de Mediación de menores, el Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), el Centro de Día, el SAVA, el PEF y el PIMA.
Una Comisión de Seguimiento y Control formada por personal de ambas instituciones se encarga de definir y consensuar el plan anual de prácticas y el proyecto formativo, resolver posibles problemas y buscar soluciones, y evaluar los resultados.
El rector de la UCO ha agradecido a la Consejería su colaboración que permite a los estudiantes “conocer la profesión y saber si de verdad quieren dedicarse a eso, porque una cosa es la teoría y otra la práctica, más en estos trabajos que no son fáciles”.
En estos servicios se presta atención especializada a los ciudadanos en situaciones difíciles como la atención del SAVA a víctimas de delitos; el cumplimiento de regímenes de visitas familiares que se hace a través de los PEF en casos de violencia de género o rupturas de pareja conflictivas; y el trabajo con los menores infractores, en muchos casos procedentes de entornos sociofamiliares disruptivos o con problemas de salud mental o adicciones, para reorientar su vida y recuperarlos para la sociedad.
Por eso, es fundamental contar con profesionales altamente especializados, con una buena formación académica, que es la que reciben en la Universidad, pero también con experiencia práctica para abordar situaciones complejas.
Torralbo ha incidido en que “los estudiantes demandan ver cómo pueden aplicar lo que se les cuenta en las aulas” y ha anunciado que la UCO incorporará próximamente el Grado de Trabajo Social, una de las titulaciones requeridas a los profesionales de los centros y servicios de Justicia.
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