El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha detallado hoy en el Foro Nueva Economía, celebrado en Málaga, el trabajo que está desarrollando su Consejería para crear el “primer modelo de Justicia en Andalucía” desde la transferencia de estas competencias hace 27 años. Un modelo de excelencia basado en un Plan de Infraestructuras Judiciales que impulsará sedes modernas, la digitalización como soporte de un servicio moderno y la humanización, con la atención al ciudadano como eje central.
Nieto ha destacado que el Plan movilizará 1.500 millones de euros para actuaciones en los 85 partidos judiciales andaluces, el 100%, “tres veces más de lo que se ha hecho desde 1997”, fecha en la que Andalucía asume las competencias en Justicia. Un Plan que forma parte del Plan Estratégico de Justicia y que se completa con una Estrategia de digitalización para pasar “de la Justicia del papel a la Justicia del dato”; un Plan de Recursos Humanos para reordenar los efectivos en aras de la agilidad, la eficiencia y la humanización de la atención a la ciudadanía; y con una Justicia sostenible gracias a un Plan de Sostenibilidad.
El consejero ha defendido que la Justicia “es un servicio básico” que resulta clave para el desarrollo económico y social de Andalucía, ya que garantiza seguridad jurídica a quien quiera invertir en la comunidad. “Cuando la Justicia no tiene las condiciones y recursos adecuados se impide competir en igualdad de condiciones”, ha subrayado.
Así, ha explicado que actualmente “el 76% de las infraestructuras judiciales está en condiciones malas o muy malas”, con los juzgados de una misma ciudad dispersos en varias sedes, edificios pequeños que obligan a alquilar locales cada vez que se crean nuevos órganos, inmuebles obsoletos para albergar los equipos informáticos que requiere la digitalización del sistema y la interconexión entre órganos así como espacios que no están adaptados para la reordenación que traerá la futura Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que sustituirá los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, además de problemas de accesibilidad y de eficiencia energética.
Por ello, el primer paso de ese modelo de Justicia para Andalucía es actuar en las sedes del 100% de los partidos judiciales que existen en la comunidad, para completar la red de Ciudades de la Justicia en las ocho capitales (actualmente solo existen en Málaga y Almería -donde se han quedado pequeñas-, Córdoba y recientemente se ha puesto en marcha la de Sevilla) y de grandes ciudades como Algeciras, Marbella o Jerez de la Frontera, sin olvidar al resto de ciudades medias y pequeños municipios.
En el caso de Málaga, con 11 partidos judiciales, el Plan prevé ampliar la Ciudad de la Justicia de la capital y construir seis nuevas sedes en Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Torrox, Estepona y Archidona, además de acometer importantes mejoras en materia de accesibilidad, sostenibilidad y atención a las víctimas en los cuatro restantes.
El consejero ha incidido en que en 27 años solo se han construido 22 sedes y reformado 18 por lo que “tenemos que imprimir un nuevo ritmo y hacer hasta 2030 tres veces más de lo que se hizo desde 1997 hasta 2023”.
Fórmulas alternativas para movilizar 1.500 millones
“Es un esfuerzo muy importante que nos obliga a movilizar más de 1.500 millones de euros”, ha explicado, una cantidad que ha recordado que coincide con la que pierde actualmente Andalucía cada año por el sistema de financiación autonómica.
No obstante, ha rechazado usar la falta de dinero como “excusa” para mantener las instalaciones deficitarias, y ha abogado por “actuar como un empresario ordenado, como un gestor que tiene que resolver problemas” buscando “fórmulas alternativas” para financiar el Plan de Infraestructuras Judiciales. Entre ellas la colaboración privada mediante la concesión de obra pública que se usará para construir la Ciudad de la Justicia de Jaén; o la colaboración pública-pública, como la acordada con los ayuntamientos de Marbella, Fuengirola y Torrox o la Diputación de Málaga para Torremolinos.
En ambos casos, una empresa adjudicataria o una administración pública asumen la construcción a cambio de la garantía de la Junta de pagar un canon o alquiler durante 30 años que les permitirá recuperar la inversión. “Es rentable porque tenemos la solución a corto plazo y lo pagamos a lo largo de muchos años”, ha defendido, tras explicar que este es “el secreto del Plan” que va a permitir que todas las obras estén para 2030, aunque la financiación de estas se extienda en un plazo mayor.
Nieto también ha agradecido a la Consejería de Hacienda, que lidera la malagueña Carolina España, su compromiso para aumentar en los presupuestos anuales de la Junta la inversión en Justicia hasta al menos 15 millones. Y ha puesto en valor que, la construcción de nuevas sedes reducirá los 96 contratos de alquiler actuales a “seis o siete”, lo que supondrá ahorrar 17 millones anuales en rentas. De forma gráfica ha señalado que la suma total supera los 30 millones de fondos disponibles para inversiones “y eso son cuatro sedes”.
El consejero ha puesto en valor que la modernización y unificación de las sedes judiciales facilitará la interconexión de órganos, clave para la digitalización del sistema, y hará la Administración de Justicia “más sostenible y respetuosa con el planeta” al reducir el consumo de papel y los desplazamientos en transportes contaminantes.
Pero, sobre todo, ha dejado claro que el fin último es mejorar las condiciones y recursos de quienes trabajan día a día en la Justicia para que ésta resuelva los problemas de la gente en plazos razonables, ofreciendo una buena atención y dictando resoluciones que la ciudadanía entienda. En definitiva, “humanizando la Justicia, porque a veces se nos olvida que el objetivo es prestar un servicio al ciudadano”.
El Foro ha reunido a autoridades judiciales de la provincia como la presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, el juez decano, José María Páez y el fiscal jefe, Juan Carlos Calvo; responsables municipales como el alcalde de la capital, Francisco de la Torre o las alcaldesas de Marbella y Torremolinos, María Ángeles Muñoz y Margarita del Cid respectivamente; o el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, entre otras autoridades.
La presentación de Nieto ha corrido a cargo de la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, quien ha defendido que el consejero es “el gran socio de Andalucía para ser un territorio con seguridad jurídica”.
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