El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado hoy los juzgados de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para informar a los operadores jurídicos de las actuaciones previstas en esta sede para mejorar su eficiencia energética, la accesibilidad y la atención a las víctimas más vulnerables en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030.
Los juzgados de Sanlúcar de Barrameda atienden a una población fija de 96.500 habitantes, ya que es cabeza de partido judicial que incluye también a Chipiona y Trebujena. Cuenta con cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Decanato y Registro Civil en los que en verano se refuerzan las guardias del personal para atender a la población flotante que recibe la zona.
Además de esta población flotante en los meses estivales, Sanlúcar de Barrameda es un municipio que está creación en habitantes desde hace varios años y ya se acerca a los 70.000. “Es un partido judicial importante que tiene una carga de trabajo notable, ya que también recibe muchas causas de narcotráfico”, ha señalado Nieto, que ha estado acompañado por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y la delegada territorial de Justicia en Cádiz, Ana Bertón.
Por ello, será uno de los primeros partidos judiciales que contarán con el nuevo modelo de Oficina Judicial, que supone una reordenación del personal y que tras las experiencias piloto de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga se está desplegando ahora en la localidad gaditana y en Vera (Almería).
Para coordinar la puesta en marcha de la Oficina Judicial, próximamente responsables de la Consejería de Justicia mantendrán una reunión con los jueces, Letrados de la Administración de Justicia y representantes sindicales.
En cuanto a las actuaciones previstas en edificio, el consejero ha detallado que funciona como sede judicial desde 2005 y las instalaciones se encuentran en buen estado, si bien se va a actuar en ellas para hacerlas más sostenibles, mediante la instalación de placas solares (71.000 euros).
También se mejorará la atención a las víctimas más vulnerables como las mujeres que sufren violencia de género, los menores o las personas con discapacidad. Para ello se va a equipar una Sala Gesell para practicar pruebas preconstituidas, es decir, grabar la declaración inicial con todas las garantías jurídicas al estar presentes el juez y todas las partes pero también con apoyo de profesionales de la Psicología. Además, ello evita que tengan que repetir su testimonio varias veces en el proceso con la doble victimización que supone. Esta nueva dotación supone un coste de 18.000 euros.
Ha incidido en que el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 contempla actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales que hay en Andalucía, entre ellos la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y de Algeciras, el Palacio de Justicia de La Línea de la Concepción y las sedes de Chiclana o Puerto Real.
La alcaldesa ha agradecido la visita del consejero y ha hecho hincapié en la necesidad de la colaboración entre administraciones para mejorar el servicio de Justicia.
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