Eliminar barreras en la relación de ciudadanos en situación de vulnerabilidad con la Administración Pública es el objetivo del proyecto presentado por la Junta de Andalucía que ha sido seleccionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre 74 propuestas de 25 países distintos. Se trata de un proyecto de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública surgido a raíz de la pandemia por la COVID-19, ante la brecha generada en la población mayor, con discapacidad o con poco acceso a la tecnología, con el fin de buscar proveedores de soluciones o experiencias exitosas puestas en marcha para facilitar el acceso a los servicios públicos de estos colectivos.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Pública, solicitó a principios de este año su participación en un proyecto de intercambio de conocimientos entre países de la OCDE. De las 74 candidaturas presentadas por 25 países fueron seleccionadas cuatro: una de Brasil, una de Francia, una de Italia y una de España presentada por Andalucía.
El objetivo principal es conseguir una Administración más cercana, humana y social, en la que la implantación de la tecnología no sea un fin sino un medio y en la que ningún ciudadano se quede sin recibir una ayuda o un servicio que necesita por falta de formación, información o acceso a los mismos.
Las principales barreras a las que se enfrenta la ciudadanía se deben a que no les llega la información, no saben interpretar los requisitos, el lenguaje administrativo poco claro, trámites complicados, desconocimiento de los lugares a los que dirigirse, cumplimentación de formularios complejos, problemas con la identificación digital, falta de usabilidad de las sedes electrónicas, problemas técnicos, y otras barreras como la cultura, la edad, la brecha digital o la falta de coordinación entre Administraciones.
Estos problemas en la relación con las administraciones públicas afectan especialmente a los colectivos más desfavorecidos como las personas en riesgo de exclusión social, las personas con discapacidad, los mayores que viven solos, los habitantes en entornos rurales alejados de las sedes físicas de las administraciones públicas.
Para intercambiar experiencias y conocimientos con otros países que ayuden a superar estas barreras, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha presentado este proyecto a la OCDE, al ser la competente en materia de Administración Pública y la atención a la ciudadanía a través del servicio 012. De ella depende el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) que lidera las iniciativas de Innovación.
Cuenta con la colaboración de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que da soporte tecnológico a toda la Junta. Y en el equipo formado para trabajar en este proyecto se han incluido profesionales de las áreas de Servicios Sociales y Empleo, por ser las más afectadas, pero también de Salud, Educación y Agricultura, departamentos que cuentan con centros periféricos distribuidos por todo el territorio que pueden constituir una red de asistencia y acompañamiento, que es el objetivo principal de la Estrategia de Administración Pública Innovadora y la Estrategia Digital de Andalucía.
En este sentido destacan los 760 ´Puntos Vuela´ ubicados en municipios menores de 20.000 habitantes que ofrecen atención personalizada, wifi abierta, zona segura de teletrabajo y espacio para testar tecnología emergente como robótica, impresión 3D, dispositivos de realidad virtual o drones.
Una vez constituido el equipo de trabajo y analizado los retos, se ha firmado una carta de compromisos que incluye un cronograma de actuaciones y las personas que componen el equipo multidisciplinar que participará en las sesiones de trabajo. La fase actual del proyecto es la búsqueda de proveedores de soluciones durante este mes de mayo y el próximo junio. En julio se seleccionarán aquellos con los que se va a trabajar y entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se mantendrá con ellos siete sesiones de trabajo de 90 minutos. Todo ello con el soporte de la incubadora de proyectos de la OCDE.
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