Nuevo e importante paso para la Ciudad de la Justicia de Cádiz. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha recibido una propuesta como estudio de viabilidad para impulsar el ansiado proyecto en los suelos de Tabacalera. El documento, que fue registrado la semana pasada, propone un emblemático edificio de nueva planta compuesto por tres torres (o bloques) de ocho plantas, más una bajo rasante, conectados pero independientes y cuyo diseño permite liberar espacio para crear una plaza pública que facilitará la conexión con la zona, abriendo así el complejo a la ciudad.
El estudio, que ya está en manos de la Consejería que dirige José Antonio Nieto y está siendo analizado por los técnicos, propone para el nuevo edificio tres bloques emergentes sobre una zona común, pero a su vez independientes, y cuyo característico diseño permitirá disponer de espacio libre para crear una nueva plaza pública entre este inmueble y el denominado edificio ‘Depósitos 1961’. La propuesta formulada por Iridium, Martín Casillas y Carmocon es la de un edificio icónico, que nace con la pretensión de convertirse en la seña de identidad de la Justicia en Cádiz y que se gestionaría por la fórmula de la concesión público-privada, como ya anunció el consejero, tal y como contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Todo el complejo de Tabacalera cedido para la construcción de la Ciudad de la Justicia, uno de los grandes proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 y que cuenta con el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno, dispone de 20.018 metros cuadrados, incluyendo las naves y el resto de las construcciones, que acogerán los servicios complementarios a la Administración de Justicia. El nuevo edificio, al que hace referencia este estudio, se levantaría en los 7.802 metros cuadrados de los que dispone la parcela situada ante el edificio ‘Depósitos 1961’.
Esta nueva construcción completa así el conjunto arquitectónico conformado por las antiguas naves de Tabacalera, las casas de los ingenieros y el edificio ‘Depósitos 1961’. La nueva plaza que se creará permitirá una sucesión de zonas libres desde la Plaza Campo de la Aviación hasta los jardines de las naves históricas, con lo que se ganará continuidad visual y un espacio abierto. Así, la Ciudad de la Justicia, además de convertirse en un punto neurálgico de Cádiz, facilitará la conexión entre los barrios de La Laguna y Loreto-Puntales pues persigue ser un espacio que se integre en la ciudad.
Diseño y funcionalidad
Funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad definen los casi 18.000 m2 del edificio de nueva planta que acogerá todos los órganos judiciales de Cádiz (incluida la Audiencia Provincial) tanto los actuales como los futuros, repartidos en ocho plantas y una novena bajo rasante. De estos, 2.568 m2 son de sótano y hay que sumar 6.032 metros cuadrados entre espacios urbanizados y terrazas y cubiertas no transitables.
Con los metros cuadrados de las naves, el depósito y las antiguas casas de los ingenieros, la Ciudad de la Justicia de Cádiz rondará los 32.000 m2, frente a los 18.000 actuales repartidos en nueve sedes judiciales.
El diseño estructural del edificio facilita la organización interna funcional de la Ciudad de la Justicia. Este cuenta con un único acceso y control por el que se llega a un gran vestíbulo bajo las tres torres, y abierto a la nueva plaza, desde el que se gestionan las diferentes circulaciones: visitantes y personal de la Administración de Justicia, que tiene acceso a la zona restringida del inmueble en sus tres torres. El vestíbulo dispone de doble altura sobre rasante que, mediante escaleras mecánicas, permite la movilidad de visitantes entre la planta baja y la primera donde se sitúan todas las salas de vista, juzgado de guardia y Registro. El SAVA y los servicios de mediación también estarán en esta planta.
La disposición de un acceso único facilita la organización y el control de entradas y salidas al edificio, no obstante, el diseño contempla la independencia funcional de la zona del inmueble en la que se ubicará el Juzgado de Menores y la Fiscalía. De esta forma, se garantiza la protección de los menores y la separación de las dependencias para adultos. Igualmente, la sala de bodas también contará con un acceso independiente, funcionando de forma autónoma con respecto al resto del edificio.
En cuanto al juzgado de guardia, con horario diferente al resto del complejo, se gestionará con recorridos privados, de tal forma que, a partir de cierto horario, aunque se acceda por el mismo lugar, solo estará permitido entrar en las dependencias de este. En el semisótano, el estudio propone disponer allí las áreas de detenidos y de detenidos de Menores, instalaciones generales, zona de aparcamiento y espacio para los furgones.
Las plantas de trabajo se plantean como grandes espacios diáfanos, abiertos y continuos que permiten la óptima iluminación natural interior de las torres posibilitando máxima flexibilidad en su configuración y generando diferentes ámbitos de trabajo. En la cuarta planta, cuando el edificio emerge sobre el entorno, contará con un elemento que lo hará singular: una galería urbana que ofrece un balcón sobre la ciudad, con vistas a la Bahía de Cádiz y el Puente de la Constitución como fondo. Una zona que, de forma restringida, podría destinarse a usos como cafetería.
Un edificio, compacto y lineal, que se protege con una piel de hormigón prefabricado a modo de celosía y con fachadas acristaladas en las zonas enfrentadas entre torres, garantizando de este modo una óptima iluminación interior y relación entre los tres volúmenes, y vistas sobre la Bahía de Cádiz a levante y la Playa de la Victoria a poniente, según recoge el estudio de viabilidad. Todo ello bajo criterios medioambientales que se basan más en la propia arquitectura del edificio que en tecnologías superpuestas, es decir, se apuesta por la organización constructiva, por la limitación de la demanda energética, la utilización de sistemas pasivos en la fachada y de materiales ecológicos, además de aprovechar la energía solar.
En este sentido, la propuesta plantea que el propio inmueble produzca energía fotovoltaica, gracias a la utilización de las cubiertas no transitables para ello. El planteamiento es que se consiga una producción que supere en un mínimo el 10% las exigencias mínimas normativas. Para ello se aprovechará al máximo los periodos estivales para la producción, almacenamiento o venta de la energía producida. Esta podrá ser consumida por el propio edificio o incluso vendida, lo que será un ahorro en costes.
El objeto de la concesión de obra pública
La Consejería de Justicia plantea la concesión de obra pública únicamente para la construcción del nuevo edificio ya que las naves, las casas de los ingenieros y el depósito serán rehabilitados, usando por primera vez fondos europeos para recuperar una infraestructura con destino a uso judicial.
De esta forma, el contrato de concesión comprendería la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio, su construcción y puesta en servicio y la explotación de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación del inmueble, la recogida de residuos, tratamientos de desinfección y desratización, la monitorización del consumo energético, así como las reposiciones de elementos de la infraestructura durante el tiempo de la concesión. Antes de la firma del contrato se creará una sociedad concesionaria, que será la titular de este.
Por su parte, la Junta de Andalucía una vez que el edificio ya esté disponible para trasladar los órganos judiciales, a partir de que se apruebe el acta de comprobación de obra, abonará un canon durante 27 años. La propuesta estima que sea de 6,5 millones de euros anuales (incluida la construcción, explotación, financiación y seguros) que, una vez cumplidos, supondrá la reversión del inmueble a manos de la administración andaluza.
El uso de este tipo de contratos tiene una serie de ventajas, siendo la reducción de plazos una de ellas, ya que se recortan los plazos de una tramitación ordinaria, lo que lo convierte en la fórmula idónea para que este tipo de grandes equipamientos, prometido desde hace décadas, salga adelante. Además, permite el desarrollo de proyectos de gran envergadura sin generar deuda pública.
El estudio de viabilidad, una vez que termine su revisión por los técnicos para determinar su idoneidad, será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su exposición pública y recepción de posibles alegaciones. Posteriormente, tendrá que ser aprobado por la Oficina de Evaluación Financiera de la Consejería de Hacienda para su visto bueno.
La Ciudad de la Justicia de Cádiz es uno de los mayores proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que tiene previsto en ese plazo temporal impulsar las ciudades de la Justicia de las cinco capitales que aún no disponen de ellas: Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla. Pero, además, contempla actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales de los que dispone Andalucía, lo que lo convierte en el plan más ambicioso abordado nunca en nuestro país, con una movilización de más de 1.500 millones de euros.
Su construcción y puesta en macha supone además un incentivo económico para Cádiz por la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y la atracción de negocios y servicios a su alrededor dado el flujo diario de personas.
Este equipamiento pone fin a la dispersión de sedes judiciales, ofrece una infraestructura moderna y eficiente que, además de suponer un incremento de la calidad del servicio, facilitará la plena digitalización de la Justicia y la reestructuración de la organización del personal que redundará en la agilización de los procesos judiciales.
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