El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del requerimiento que la Junta de Andalucía remitirá al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para pedirle que anule el acuerdo salarial firmado el pasado 11 de abril de 2024 con los sindicatos CSIF y UGT que excluye a los funcionarios de los órganos judiciales andaluces, publicado en BOE el 29 de abril. Se trata del paso previo y necesario a un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo -por el que el Estado ha subido las retribuciones solo a los profesionales de las comunidades autónomas sin las transferencias de Justicia transferidas, el denominado territorio Ministerio- y que Andalucía presentará en caso de no obtener respuesta.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública anunció esta decisión al propio Ministerio durante la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de junio en Zaragoza, también informó de esta decisión al Pleno del Parlamento de Andalucía en la última sesión del pasado jueves y el viernes en una reunión celebrada con las organizaciones sindicales.
El acuerdo entre el Ministerio, CSIF y UGT solo afecta a 10.328 funcionarios de Justicia de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, por tanto, con más profesionales, por lo que se ve especialmente perjudicada.
La base de las reclamaciones salariales de los sindicatos y de la subida acordada está en los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia que se están tramitando en el Congreso de los Diputados y que afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública sostiene que el incremento debe recaer en el complemento general del puesto -común a todos- y no en el complemento específico -que negocia cada comunidad para su personal y el Gobierno central en el territorio Ministerio-.
Además, la Junta recuerda que el propio Gobierno reconoce en el Real Decreto que recoge esta subida el impacto que tendrán los cambios y organizativos en todo el personal de la Administración de Justicia de todo el país, con el incremento de funciones y tareas y la asunción de nuevas responsabilidades que deben conllevar el reconocimiento profesional y retributivo.
Para la Junta, el Ministerio no se ajusta a derecho y perjudica los intereses de las comunidades con las competencias transferidas, ya que ha acordado la subida en el complemento específico, es decir, solo para sus funcionarios, aunque los cambios afecten a todos por igual con independencia de en qué comunidad trabajen. El requerimiento de la Consejería de Justicia destaca la inadecuación del concepto retributivo y la vulneración del principio de igualdad entre comunidades autónomas con competencias transferidas y el principio de igualdad de todos los españoles que prestan servicio en estos territorios.
Además, el Gobierno andaluz considera que el acuerdo es nulo porque infringe el artículo 516 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y su normativa de desarrollo, ya que no se ha seguido el procedimiento adecuado para negociar y acordar el incremento salarial al haberlo hecho en la Mesa Delegada y no en la Mesa General, pese a que las condiciones que lo justifican afectan a los funcionarios de todo el país, y todo ello para no tener que aumentar la transferencia del sistema de financiación. No se ha llevado a cabo una valoración de las condiciones particulares de los puestos que legitime la subida del complemento específico.
Huelgas en toda España, pero acuerdo solo para algunos territorios
El acuerdo salarial acordado por el Ministerio con los dos sindicatos se produce tras las subidas retributivas de entre 430 y 450 euros mensuales aprobadas para los Letrados de la Administración de Justicia y a los jueces y fiscales el año pasado tras las huelgas de ambos colectivos. Los sindicatos reclamaron una subida también para los funcionarios de Justicia en el complemento general del puesto, aplicable en todo el territorio nacional, por la transformación de la Administración de Justicia prevista en las leyes de eficiencia.
Tras diversos contactos infructuosos por diferencias en las cuantías a subir, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT convocaron una huelga -que afectó a la actividad de los juzgados de todo el país entre el 17 de abril y el 4 de julio de 2023-. Después de varios meses de negociación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia Estatal, el 21 de marzo de 2024 el Ministerio de Justicia y derivó el diálogo a la Mesa Delegada del ámbito territorial del Ministerio, que solo engloba a los trabajadores de las comunidades sin las competencias transferidas.
Es en esta mesa donde el Gobierno llegó a un acuerdo con CSIF y UGT para subir el complemento específico entre 165 y 250 euros mensuales, según categorías, por lo que solo afecta al personal de Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Melilla y Ceuta y los funcionarios del Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional.
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