La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública facilita a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, en servicios municipales y entidades sociales. Para ello, la Junta tiene convenios firmados con 228 ayuntamientos y ONG.
La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.
Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, “persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad”.
Para facilitar la realización de estas tareas, la Consejería de Justicia tiene suscritos convenios con 210 ayuntamientos de todas las provincias que permiten que los menores infractores puedan cumplir estas medidas en servicios municipales de su propia localidad, sin necesidad de desplazarse y reparando el daño causado en su entorno más cercano. La colaboración con los ayuntamientos suele centrarse en trabajos relacionados con la limpieza municipal o el mantenimiento de parques y jardines. Resulta especialmente eficaz cuando el delito cometido es contra el patrimonio.
También mantiene acuerdos con 18 entidades sin ánimo de lucro como la Asociación de personas con discapacidad Verdiblanca de Almería, Cruz Roja en Cádiz, Banco de Alimentos en Huelva y Sevilla, la Fundación Deportiva del Málaga CF, la ONG Madre Coraje de Málaga y Sevilla, Autismo Sevilla o la Fundación Prolibertas. Para Nieto, “la colaboración con este tipo de organizaciones permite a los menores infractores tomar conciencia de otras realidades sociales y contribuye a la educación en valores que los alejen de las conductas conflictivas”.
En los últimos meses, el consejero ha participado en la firma de varios acuerdos tanto con ONG como Promi, Córdoba Acoge o Cocemfe Sevilla como con ayuntamientos de capitales como Granada o Huelva.
Durante 2023 se ejecutaron en Andalucía 491 medidas de medio abierto consistentes en tareas socioeducativas y 226 relativas a prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas por los jueces. En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo.
Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, que son las más impuestas por los jueces de menores (1.777 durante el año pasado).
Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones “que ya pueden realizar de manera telemática gracias a la implantación de la herramienta PRISMA que supone la existencia de un único expediente digital de cada menor”, ha recordado Nieto.
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