El consejero de Justicia, con el presidente de CADECA, Federico Fernández.
Los profesionales de la Abogacía y la Procura que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita han recibido 12.205.300,9 euros por las asistencias realizadas en las guardias y el turno de oficio entre abril y junio. Se trata del segundo pago en el que se aplicado la nueva orden aprobada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que actualiza las retribuciones del turno de oficio, en vigor desde el 1 de enero. El incremento de las mismas, tras 14 años congeladas, ha supuesto que abogados y procuradores andaluces reciban un millón de euros más que en el mismo semestre del año pasado por su labor para garantizar la asistencia jurídica gratuita a cualquier ciudadano independientemente de sus recursos económicos.
En concreto, los procuradores recibieron el pasado 24 de julio 1.011.639,60 euros por los servicios del turno de oficio del segundo trimestre del año que, una vez comprobadas las certificaciones que el Consejo andaluz de Colegios de Procuradores presentó el 8 de julio, no han necesitado ninguna subsanación. Son 134.325,8 euros más que lo que percibieron en el primer pago del mismo periodo del año pasado.
En el caso de los letrados, el Consejo Andaluz del Colegio de Abogados (CADECA) remitió a la Consejería las certificaciones de las actuaciones del segundo trimestre el pasado 31 de julio. Una vez realizadas las comprobaciones, se ha abonado esta semana al CADECA un total de 11.193.661,3 euros (916.113,92 euros más que en el segundo trimestre de 2023). En concreto, 3.214.061 euros corresponden a las guardias realizadas -cuyas retribuciones ya se subieron en 2023-, y 7.979.600,30 euros a las asistencias del turno de oficio (874.643,95 más que el año pasado), que se han incrementado este año tras estar congeladas desde 2009.
Con la aprobación de la nueva Orden de módulos y bases del turno de oficio, la compensación económica a los profesionales que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita se ha incrementado entre un 15 y un 20% en función de los procedimientos.
Además, se han incluido actuaciones que hasta ahora no se cubrían en el sistema de Justicia Gratuita, que garantiza el acceso a una asistencia profesional a las personas que carecen de recursos económicos suficientes, así como a colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.
Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita y así lo viene aplicando desde el 1 de enero. Así, en este segundo trimestre de aplicación se han certificado 54 procedimientos de mediación por parte de abogados del turno de oficio. Un trabajo por el que se compensa con hasta 400 euros a los letrados que logran acuerdos extrajudiciales.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha hecho hincapié en que “los profesionales de la Abogacía y la Procura son aliados fundamentales en la Estrategia que hemos puesto en marcha en la Consejería para impulsar la mediación, una vía alternativa de resolución de conflictos que se ha explorado poco y que es más rápida, económica y puede contribuir a reducir la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados andaluces por la altísima tasa de litigiosidad, lo que hace que el justiciable tarde mucho en recibir una solución”.
También por primera vez se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después éstas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita.
Desde la pasada legislatura, el pago se hace en dos plazos para agilizarlo. Así, en el primero se abonan las certificaciones que aportan los profesionales (tienen un mes una vez cumplido el trimestre) que no presentan ningún error, de forma que para el segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren de alguna subsanación. Antes de la modificación del reglamento, solo se podía hacer en un único pago, lo que obligaba a disponer de todas las certificaciones subsanadas.
Nieto ha incidido en la “estrecha y permanente colaboración que mantenemos con los colegios de abogados y procuradores, que junto a los jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios son agentes fundamentales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia como derecho fundamental y como servicio público”.
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