Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Andalucía, dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, realizaron durante el año pasado un total de 4.676 autopsias. El resultado de las mismas determinó que más de la mitad de los casos fueron muertes naturales, predominando las derivadas de enfermedades circulatorias. Entre las muertes accidentales, las principales causas fueron los siniestros de tráfico pero cada vez más se producen por caídas fortuitas. Además, los forenses certificaron 783 suicidios, la mayoría por ahorcamiento, y 67 homicidios, sobre todo cometidos con arma blanca y arma de fuego.
Los datos recogidos en las memorias de los IMLCF revelan que en algunas provincias, como Jaén y Córdoba, los suicidios ya superan a los accidentes entre las muertes no naturales, un dato que para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, resulta “preocupante y exige que le prestemos atención y lo abordemos de forma multidisciplinar y entre todas las administraciones, ya que no es algo que esté pasando solo en Andalucía”. El perfil de los suicidas es el de varones de mediana edad y el procedimiento más utilizado es el ahorcamiento, salvo en la provincia de Sevilla donde la mayoría de los suicidas usaron un transporte.
Los Servicios de Patología Forense son los encargados de realizar las autopsias e investigar sobre las causas y circunstancias de la muerte en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal.
Asimismo, los IMLCF cuentan con Servicios de Clínica Forense, donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los órganos judiciales en la esfera Civil, Penal y Social. Se encargan de realizar informes periciales a petición de jueces y fiscales para valorar y determinar el daño corporal producido.
Por su parte, los Servicios de Psiquiatría Forense realizan informes psiquiátricos, la mayoría para decidir sobre el internamiento de una persona, su imputabilidad, la determinación de incapacidad o análisis de drogadicción.
Además, los médicos forenses acuden a juicios para declarar como peritos y, en los últimos años, cada vez son más citados los profesionales de Psiquiatría. Igualmente, colaboran en la toma de declaración a víctimas especialmente vulnerables como menores, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, para la práctica de pruebas preconstituidas.
“En la Consejería de Justicia hemos triplicado el número de Salas Gesell habilitadas para esto y ya hay más de 36 repartidas en todas las provincias, dentro de nuestro empeño por humanizar la Justicia. Son espacios que garantizan la toma de declaración en entornos confortables para las víctimas pero en los que se cumplen todas las garantías, ya que permite la asistencia de las partes, para que los testimonios puedan ser utilizados en un procedimiento judicial y estas víctimas no tengan que revivir una y otra vez hechos que resultan muy dolorosos para ellas”, ha defendido Nieto.
Aunque la mayor parte del trabajo que realizan los IMLCF es a petición de jueces y fiscales, desde 2016 los andaluces pueden solicitar a éstos una pericial para la valoración de daños producidos en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones extrajudiciales. Para ello, deben presentar una oferta motivada de su compañía aseguradora y una solicitud, cuyo formulario está disponible en la web de la Consejería (https://lajunta.es/4z2qy), donde se puede presentar telemáticamente con certificado electrónico. La misma debe incluir el consentimiento expreso de la persona perjudicada, o de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad, para el acceso a su historia clínica.
En algunas provincias las solicitudes para este tipo de peritajes se han triplicado como es el caso de Cádiz, donde el año pasado en el IMLCF se realizaron 339 informes de este tipo, cifra similar a las de provincias más pobladas como Málaga (350) o Sevilla (385).
Violencia de Género
Por otro lado, dentro los IMLCF se encuentran las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), que se encargan de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en esta materia sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, además de los efectos que sufren los menores a cargo de éstas y la peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual las UVIVG, además de atender a las víctimas de violencia de género, también asisten a las mujeres víctimas de violencia sexual.
Investigación y docencia
El consejero ha puesto en valor la labor investigadora y docente que cumplen también los IMLCF. Así, los mismos tienen convenios suscritos con diversas universidades e institutos de FP para que los alumnos de Anatomía Patológica completen su formación académica mediante la realización de prácticas en ellos.
“Contribuyen así a la formación de futuros profesionales especializados, muy necesarios tras la reciente creación de la nueva categoría profesional de Técnicos Superiores en Anatomía Patológica, para la que se exige una titulación específica”, ha recordado Nieto.
También colaboran con estudios científicos de los hospitales andaluces, como el que desarrolla el Hospital Virgen de las Nieves de Granada sobre Cardiopatías Familiares o los trabajos de investigación presentados por el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en el último Congreso de la Asociación española de Anatomía Patológica y Patología Forense.
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