El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha alertado hoy de que “sería terrible” que el Ministerio de Justicia no dote a Andalucía de ningún juzgado nuevo en 2025 ya que provocaría un “daño en la prestación del servicio”, dada la sobrecarga de trabajo existente en muchos partidos judiciales y la elevada tasa de litigiosidad, por encima de la media nacional y de la mayoría de las comunidades.
El Ministerio solicita cada año a las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas un análisis de las necesidades de nueva planta detectadas y una propuesta justificada en base a criterios objetivos como las cargas de trabajo de los partidos judiciales, la complejidad de los asuntos que reciben o la población a la que prestan servicio. Este año, la Consejería no ha recibido aún ninguna petición y en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, aludió que el Ministerio habría trasladado que no está previsto crear ningún juzgado en la comunidad el próximo ejercicio.
Nieto ha confiado en que no se cumpla ese “vaticinio”, ya que “sería terrible” y provocaría “un daño en la prestación del servicio, especialmente en partidos judiciales que presentan saturación”.
La Consejería ha hecho su trabajo de análisis, que abordó con el TSJA en la Comisión Mixta celebrada la semana pasada, y el resultado es que Andalucía necesita 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados. “Este año queríamos hacer una propuesta para que se atendiera la petición de incrementar en 56 los juzgados andaluces y la respuesta es que probablemente no se cree ninguno, es terrible”, ha lamentado.
El consejero ha incidido en el “colapso” existente en muchos juzgados y “necesitamos más órganos, si no es imposible resolver los conflictos en plazos adecuados porque hay un embudo, los asuntos terminan en la mesa de trabajo de un juez y si no hay más jueces no se puede resolver al ritmo necesario”. En la última década se han creado en Andalucía 74 juzgados, una media de 7,4 al año.
Junto a las necesidades de crecimiento de planta judicial, que compete al Gobierno central, el consejero en su comparecencia en Comisión parlamentaria se ha referido al trabajo de la Junta, como administración prestacional, para crear un modelo de Justicia para Andalucía destinado a cambiar la forma de gestionar el servicio para hacerla más ágil, moderna, eficiente, accesible y sostenible.
Nieto ha defendido que “dos años después del inicio de esta legislatura, ya hay encima de la mesa hechos, no palabras, que acreditan el compromiso de la Junta de Andalucía con la Justicia con mejoras que algunas ya han llegado y otras van a llegar y se están planificando”.
Así se ha referido a la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los partidos judiciales andaluces con más de 160 actuaciones entre proyectos de nueva construcción o reforma para unificar órganos dispersos en varios edificios en una misma localidad, reducir los gastos en alquileres y resolver los déficit que presentan muchas sedes y los problemas de espacio no solo para las necesidades actuales sino para los futuros órganos que se tengan que crear.
Para Nieto, no se trata “solo de edificios” sino de “crear un ecosistema que dignifique las condiciones en las que trabajan los profesionales y en las que se atiende al justiciable” teniendo en cuenta las necesidades del siglo XXI en cuanto a digitalización, accesibilidad, eficiencia energética y la reordenación que supondrán las futuras leyes estatales de eficiencia.
Además de las disposiciones presupuestarias que la Junta contemplará para las actuaciones del plan, el consejero ha recordado que la Consejería ha ideado fórmulas alternativas de financiación como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones y la concesión de obra pública a empresas privadas según las cuales la Junta no comenzará a pagar hasta que los edificios estén construidos y en uso mediante el pago de un canon a 30 años. Asimismo, se reinvertirán los recursos que se obtengan con la venta de inmuebles liberados cuando se construyan las nuevas sedes y del ahorro en alquileres de edificios.
También ha destacado los avances en digitalización con el despliegue completo “no sin pocos problemas” del nuevo sistema de gestión procesal @adriano, un proyecto que ha recordado que “nació en 2016 torcido y se adjudicó en 2018 con gravísimos errores pero que por fin se ha puesto en marcha para lograr pasar de la Justicia del papel a la Justicia del dato y avanzar en la interoperatividad entre los distintos operadores jurídicos y territorios”. Una transformación digital de la Justicia que se abordará el próximo noviembre en Granada, capital judicial de Andalucía, que acogerá el Dataforum organizado por el Ministerio de Justicia con el apoyo de la Consejería.
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