El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha analizado hoy, junto con el vicedecano del Colegio de Abogados de Antequera y la decana del Colegio de Procuradores de Antequera, las repercusiones que podría tener la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que pretende llevar a cabo el Ministerio de Justicia, cuya aplicación supondría, según señaló el delegado, la desaparición de los juzgados de la comarca, lo que obligaría a la población de los municipios de la zona a trasladarse a la capital para realizar sus gestiones.
Ruiz Espejo ha abundado en las consecuencias que traería la desaparición del partido judicial de Antequera que contempla la citada reforma, entre las que citó la incertidumbre sobre el destino que van a tener las sedes judiciales actuales, recordando a este respecto los 4 millones de inversión que se han hecho en este ámbito en la comarca, o el distanciamiento del acceso general a la justicia que va a comportar el traslado de todos los órganos judiciales a la capital. “Eso unido -ha significado- a dos medidas legislativas ya problemáticas como la Ley de Tasas, que está incidiendo en una bajada de las demandas y los recursos, y la propuesta de Ley de Colegios Profesionales que podría hacer desaparecer los mismos”.
El delegado del Gobierno, que ostenta en la provincia las competencias territoriales en materia de Justicia, ha advertido que en la comarca de Antequera, la reforma de la Ley de Demarcación y Planta va a afectar directamente a 12 municipios, 84.000 ciudadanos y ciudadanas y 3 órganos judiciales, además de a los funcionarios y personal que trabajan en justicia, y ha expresado su preocupación por los efectos de la aplicación de la normativa cuyo borrador aparece ya publicado en la página web del Ministerio.
En este sentido, ha apuntado el interés de las reuniones y el análisis con los colectivos del sector de la Justicia para obtener conclusiones y plantear recomendaciones que , ha reseñado, incidirían en mantener la justicia cerca del ciudadano, proponer la implantación de una oficina judicial que podría, con mayor flexibilidad, adecuar los recursos a las necesidades, mantener la dotación, tanto en medios humanos como informáticos, y establecer mecanismos de mediación judicial.
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