La Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han acordado estudiar nuevas fórmulas de abono del servicio de justicia gratuita en la reunión que han mantenido hoy el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con el presidente de dicha entidad, José Rebollo Puig, y decanos de los colegios andaluces.
De Llera se ha comprometido a estudiar la propuesta de los abogados que solicitan a su departamento que efectúe los pagos del servicio prestado en 2014 de forma trimestral y no con abonos de carácter mensual como viene realizando la desde el último acuerdo entre ambas partes.
El consejero y el presidente de los abogados han valorado positivamente el cumplimento del compromiso vigente por el que la Consejería de Justicia e Interior sigue abonando mensualmente los servicios prestados en concepto de justicia gratuita en 2013. Este acuerdo supone que la Junta pague hasta el próximo mes de abril los citados servicios certificados durante el pasado año que ascienden a más de 18 millones de euros. El importe abonado en 2013 alcanza los 40 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes y sus plazos de abono.
El consejero de Justicia e Interior ha insistido en destacar su compromiso con este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia. así como el rigor y la profesionalidad de los más de 7.000 letrados andaluces que desempeñan la prestación de la asistencia jurídica gratuita .
El respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una prioridad del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis, todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.
La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.
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