La Consejería de Justicia e Interior ha puesto a disposición de los órganos judiciales andaluces 130 funcionarios de refuerzo para solventar situaciones de colapso que se puedan producir en determinados juzgados a causa de una sobrecarga de asuntos o del desarrollo de macrocausas, según ha informado hoy el consejero Emilio de Llera.
El titular de Justicia e Interior ha recordado en comisión parlamentaria que Andalucía cuenta con una plantilla judicial de casi 8.000 funcionarios, de los cuales 2.285 corresponden a funcionarios del cuerpo de gestión, 3.481 a los del cuerpo de tramitación, 1.563 a los de auxilio judicial y 189 a medicina forense.
El consejero, que ha hecho un reconocimiento de la labor que realiza el personal de la Administración de Justicia, ha destacado igualmente el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía para mejorar su formación y capacitación a fin de ofrecer un mejor servicio público a la ciudadanía.
En su comparecencia parlamentaria, De Llera ha recordado que es el Ministerio de Justicia el que elabora la oferta de empleo público en este ámbito y que sólo ha convocado 29 plazas del cuerpo de Gestores en el último año, pese a la exigencia de la Junta de una mayor dotación de personal y las recomendaciones en tal sentido que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Además, el consejero considera esencial que el Gobierno central aumente el número de jueces y magistrados en Andalucía, ya que esta comunidad, a pesar de contar con la quinta parte de los partidos judiciales de toda España, tiene una ratio de plazas que se encuentra por debajo de la media nacional.
Por otro lado, la ratio de funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía, según datos de primeros de año, es superior a la media europea, lo que supone un número más que razonable de funcionarios, tal como se recoge en el censo publicado por el CGPJ.
“Es fundamental que el Ministerio de Justicia dote de nuevas plazas judiciales a Andalucía sobre la carga de trabajo y volumen de litigiosidad que se recoge en la Memoria del TSJA”, que propone crear de 10 a 12 plazas en audiencias provinciales y de 70 a 75 en juzgados, ha precisado De Llera.
A juicio del consejero, el punto de partida parra adaptar los recursos disponibles con el fin de lograr un servicio de justicia más eficiente es la implantación del nuevo modelo de Oficinal Judicial y Fiscal en Andalucía, cuyo decreto se ha aprobado este año.
El proyecto de la Oficina Judicial se desarrollará este año como primera experiencia en los juzgados del municipio almeriense de El Ejido y en los de Vélez Málaga, mientras que el de la Oficina Fiscal se desplegará en la Fiscalía de Sevilla. De Llera ha apuntado al respecto que el decreto “se irá implantando de forma progresiva”, primero en los partidos judiciales más pequeños y sin separación de jurisdicciones, y luego en los partidos judiciales con separación de jurisdicciones, para culminar su implantación final en de mayor tamaño y que cuentan con salas del TSJA.
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