La Consejería de Justicia e Interior está trabajando en la modificación de las plantillas de los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía con el objetivo de propiciar una mejor distribución de estos efectivos y atender con mayor eficacia las cargas de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales de la comunidad, lo que supondría una mejora de este servicio público.
Según la Consejería, esta iniciativa está actualmente en fase de debate y negociación y supondrá una evidente y necesaria mejora ampliamente demandada y compartida por la mayoría del mundo judicial, especialmente por la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como así lo ha venido reiterando en sus últimas memorias sobre la situación de la Justicia en la comunidad.
En este sentido, la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz ha venido manifestando reiteradamente las distorsiones existentes en la distribución de funcionarios y que propician la existencia de órganos judiciales que en la actualidad disponen de un exceso de funcionarios y otros con una plantilla muy escasa.
El objetivo de esta medida es acabar con este desigual reparto y acometer una redistribución de los efectivos existentes para incrementar las plantillas en aquellos órganos que soportan en estos momentos un mayor volumen de trabajo, todo ello teniendo en cuenta la dificultad de proceder ahora a un aumento de funcionarios por la actual coyuntura financiera y presupuestaria. La citada modificación se realizará a través de una reasignación de plazas que permitirá dotar de más funcionarios a los órganos más sobrecargados procedentes de aquellos otros en los que su carga de trabajo sea inferior.
La propuesta inicial para esta redistribución afecta a una serie de plazas en toda la comunidad, según la Consejería, que destaca además que por cada plaza que se reordene en un órgano judicial se creará una nueva en otro, por lo que la plantilla global de funcionarios permanecerá inalterable y no se perderá ningún puesto de trabajo.
La finalidad de esta nueva distribución es destinar los recursos actuales allá donde son mas necesarios, desde una perspectiva global de todas las provincias y teniendo en cuenta también las necesidades de las Fiscalías. Esta iniciativa permitirá también a la Administración autonómica dar estabilidad y acabar con la interinidad de muchos de los refuerzos que estaban asignados hasta ahora en algunos órganos judiciales y que han dejado de ser apoyos temporales para convertirse, con el paso del tiempo, en refuerzos estructurales.
Apuesta por el diálogo y el acuerdo
El departamento que dirige Emilio de Llera pone de relieve su firme voluntad de diálogo y acuerdo con todas las partes implicadas en esta iniciativa de mejora de la Justicia, cumpliendo lo legalmente establecido a través del impulso de un proceso negociador a través de un grupo de trabajo en el que están presentes las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
A este respecto, la Consejería subraya que está abierta a analizar cualquier propuesta e introducir las mejoras y sugerencias que le sean planteadas en el seno de este órgano de negociación. Esta apuesta por el diálogo ha permitido propiciar una clara unanimidad con respecto a algunas plazas, como por ejemplo las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales, mientras que en otras se está efectuando un primer estudio que será objeto de debate próximamente,.
La Consejería está promoviendo esta iniciativa de forma previa y como anticipo a la futura modificación que supondrá la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, cuyos proyectos piloto se encuentran en la última fase de preparación.
A la espera del desarrollo paulatino de este nuevo modelo de oficina, es necesario impulsar de forma urgente medidas que optimicen ya los actuales recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia para la paliar la difícil situación que atraviesan determinados órganos judiciales y fiscalía.
La próxima Oficina Judicial y Fiscal permitirá precisamente reforzar los órganos más sobrecargados gracias a una redistribución de efectivos, lo que contribuirá a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía y la eficacia en el servicio que presta a la ciudadanía.
Este nuevo modelo de oficina judicial y fiscal, cuyo decreto ha sido ya aprobado y actualmente está en fase de implantación, va a terminar con la organización en compartimentos estancos del personal funcionario y va a suponer el desarrollo de las nuevas estructuras organizativas para una justicia más ágil y de calidad.
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