El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado hoy que su departamento tiene previsto poner en marcha antes de que finalice el año 2014 los proyectos piloto del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, previstos en Vélez-Málaga (Málaga) y el Éjido (Almería) para la Oficina Judicial, y en Sevilla capital para la Oficina Fiscal.
Durante su visita a la sede judicial de Moguer (Huelva), De Llera ha puesto de manifiesto la importancia de estos proyectos piloto, ya que servirán para probar la eficacia del nuevo sistema judicial antes de afrontar su extensión al resto de órganos judiciales de la comunidad autónoma.
El titular de Justicia e Interior ha aprovechado la visita a la localidad onubense para reunirse con los operadores judiciales del municipio y conocer las necesidades actuales de la Justicia en Moguer, todo ello con el fin de mejorar los recursos existentes teniendo en cuenta la actual situación económica.
El consejero, que ha señalado que en Huelva será La Palma del Condado la localidad en la que primero se implantará la nueva Oficina, ha explicado que los principales problemas organizativos de la Justicia tienen que ver con el desigual reparto de las cargas de trabajo y la ineficiente distribución de los funcionarios, por lo que ha confiado en que la Oficina Judicial y Fiscal ofrecerá mayor agilidad y eficacia a este servicio público.
Según ha explicado el consejero, este proyecto impulsará un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.
Distintas áreas de trabajo
En el modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
Por su parte, en la Oficina Fiscal existe la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
El nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
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