El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha participado hoy en Madrid en la inauguración del VI Simposio sobre Mediación organizado por la Asociación Española de Mediación (Asemed) para exponer su experiencia en promover vías alternativas de solución de conflictos con servicios pioneros. “Es un orgullo ser una referencia en la materia”, ha reconocido Nieto. Y es que Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, cuenta con un Servicio de Mediación Penal (SEMPA) público y gratuito y en breve pondrá en marcha un Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) adelantándose a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Durante su intervención, el consejero ha explicado que la Junta dio los primeros pasos ya en la pasada legislatura con la creación de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales, para dar a conocer esta fórmula y orientar a quienes se plantean intentar un acuerdo. Pero es en el actual mandato cuando se han puesto en marcha importantes medidas pioneras en el marco de una Estrategia de Mediación, diseñada por la Consejería de Justicia como uno de los ejes prioritarios del Plan Estratégico de Justicia.
“Andalucía es una de las comunidades con una apuesta más firme por la mediación que no es una moda, es una decisión estable. La mediación va a ser una forma más de resolver conflictos y aliviar la carga de trabajo de los juzgados y Andalucía quiere ser líder en Justicia y en mediación”, ha defendido Nieto. Por ello, se ha adelantado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce la resolución de conflictos a través de medios alternativos.
Así, en mayo de 2024 comenzó a funcionar el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, primero en cinco provincias y desde septiembre en toda la comunidad. En este tiempo los juzgados penales han derivado más de 2.000 asuntos, la mayoría por delitos leves de lesiones, amenazas y hurtos. El 87% de los casos ya tramitados en los que las partes aceptaron iniciar la mediación se resolvió con un acuerdo, lo que ha evitado casi un millar de juicios.
El consejero ha subrayado el efecto que ello supone para reducir la sobrecarga de los juzgados, al sacar de estos procedimientos que hubieran durado uno o dos años y que se han solucionado en una media de 30 días gracias al diálogo entre las partes.
Abogados de oficio para procesos de mediación
Nieto también ha puesto en valor que desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar la asistencia jurídica de un abogado de oficio pueden solicitarlo para procesos de mediación. En este primer año los profesionales del sistema de Justicia Gratuita ya han cerrado 186 acuerdos, por los que la Junta ha abonado un total de 74.400 euros por la asistencia letrada en estos procedimientos.
Para Nieto, los abogados son aliados imprescindibles para impulsar la cultura del acuerdo frente al pleito. De hecho, lo serán también en el nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) que se pondrá en marcha este año.
También en la Jurisdicción Social, una de las más colapsadas, se ha puesto en marcha un convenio pionero con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en derecho laboral actúen como mediadores en conflictos judicializados. Se trata de dar una segunda oportunidad a aquellos casos de despidos, reclamaciones de cantidad u otras controversias entre trabajadores y empresas en los que la mediación prejudicial en el CMAC no ha tenido éxito.
Tras la firma del convenio el pasado diciembre, los colegios provinciales crearán bolsas de profesionales voluntarios y los juzgados podrán derivar, a través de los PIMA, casos que consideren mediables a los graduados sociales de esas bolsas para que intenten que las partes lleguen a un acuerdo.
La Junta también prevé crear un Consejo Asesor de Mediación y ha puesto en marcha la campaña ‘Mediar es Avanzar’ para difundir el cambio cultural del exceso de litigiosidad a la apuesta por la “vía andaluza del diálogo y el consenso que caracteriza al Gobierno de Juanma Moreno” y que ya está dando resultados. Prueba de ello es que Andalucía terminó 2023 con la segunda tasa de litigiosidad más alta del país y en septiembre de 2024 ya era la quinta comunidad en este indicador.
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