Susana Díaz asegura que la reforma de la Administración local "atenta gravemente contra los derechos de las mujeres"
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha afirmado que la reforma que plantea el Gobierno central en materia de Administración local, “atenta gravemente contra los derechos adquiridos por las mujeres”. Ante el pleno del Parlamento, Díaz ha lamentado que el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, suprime las competencias de las entidades locales en materia de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género e imposibilita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes poder ejercer la promoción de la igualdad de la mujer por delegación de la Comunidad Autónoma.
Díaz ha recordado que, en la última reunión del Consejo Andaluz de Participación de Mujeres, se vio “con perplejidad” como “una vez más” una iniciativa del Gobierno central “va directamente contra los derechos de la mujeres y la igualdad”. En este sentido, ha lamentado que, “cada vez que el Gobierno de España da un paso adelante, las mujeres dan varios pasos atrás”.
En su opinión, esta medida “está poniendo en riesgo” a 166 centros municipales de Información a la Mujer, con la consiguiente pérdida de “más de 12 millones de euros que gestionan estos centros y 448 empleos directos”, y, lo que le parece “más grave”, la atención a más de 37.500 mujeres que fueron asistidas en 2012. Según ha explicado, “muchas de ellas residen en lugares de interior y de zonas rurales y acceden a esta red con la misma atención que las mujeres que viven en espacios urbanos”.
Por este motivo, ha afirmado que “las medidas de austeridad tienen, en la mayoría de las ocasiones, rostro de mujer, porque son ellas las principales damnificadas”. En este sentido, ha valorado que el anteproyecto cuente “con el no rotundo de alcaldes de todos los partidos políticos de la FEMP e incluso con discrepancias de presidentes de Gobiernos autonómicos”, por lo que ha considerado conveniente que el Ejecutivo central “recapacite sobre esta medida”.
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