Un operario procede a la destrucción de documentos judiciales.
La Consejería de Justicia e Interior ha eliminado más 345.000 expedientes judiciales antiguos con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los tribunales de Andalucía, según el acuerdo adoptado junto al TSJA para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad. La primera destrucción masiva se ha realizado en todas las provincias menos Jaén y Córdoba y los expedientes eliminados corresponden a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado la apuesta de su departamento "por la destrucción de todo el papel obsoleto que se acumula en las oficinas judiciales y fiscales, y que además da una imagen estrepitosa de la Justicia e incomoda muchísimo a los funcionarios, que tienen que estar trabajando entre papeles".
De Llera ha puesto en valor el programa JARA, herramienta informática creada por la Consejería para la gestión de los documentos judiciales y la clasificación y destrucción de aquellos que "no sirven", de manera que únicamente se guardan los que tienen un interés histórico, cultural o judicial.
El consejero ha apostado por "ir hacia un modelo de proceso con papel cero, es decir, un procedimiento digital entero, lo cual ya no ocupa espacio", con lo que "conseguiremos modernizar, racionalizar y facilitar mucho el trabajo en Justicia".
La Junta de Expurgo, el órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada, ha decidido la conservación de más de 27.000 documentos en esta primera fase.
"La Junta de Expurgo está trabajando estupendamente", ha destacado el consejero, anunciando que en septiembre se emprenderá una segunda fase que afectará a más de 400.000 expedientes que serán eliminados o archivados. "Piense en muchas diligencias previas y juicios de faltas de los 70, 80 y 90, no tiene ningún sentido ni utilidad que estén guardados en papel", ha dicho, señalando que ello "es impropio de la época en la que estamos".
En total, hay más de un millón de documentos descritos y preparados para pasar por la Junta de Expurgo. El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos.
El objetivo de este proyecto es liberar espacio en los archivos y tribunales y profundizar al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún sentido conservar y avanzar en el camino hacia una Justicia sin digital y una Justicia sin papeles, lo que supondrá un ahorro de costes, medioambiental y de tiempo.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
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