El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Jaén, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha llevado a cabo un total de 2.577 intervenciones con los 128 menores atendidos en lo que va de año, destacando la entrega (1.275) y recogida (1.213) de éstos y las visitas supervisadas (213). Así lo ha puesto de relieve la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Purificación Gálvez, en el transcurso de una visita a las instalaciones de este servicio en la capital jiennense, acompañada del jefe de Servicio de Justicia, José Ángel Blanco, y el coordinador del PEF, Juan Carlos Arias.
Purificación Gálvez ha destacado “la importante labor que se realiza de este servicio que merece el reconocimiento a nivel andaluz y que es un referente en nuestra Comunidad, tanto por su funcionamiento como por sus infraestructuras”. El Punto de Encuentro Familiar constituye un servicio público, gratuito, neutral y de intervención temporal, en el que se lleva a cabo el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares no custodios de acuerdo con lo establecido en una resolución judicial.
“El objetivo general de este recurso es facilitar un espacio donde se garantice el interés y seguridad de cada menor, creando un clima de confianza y seguridad y alejado de los conflictos familiares”, ha explicado Gálvez, que ha detallado que este servicio ha atendido 92 expedientes, correspondientes con los 128 menores, de los que 26 se han iniciado este año y 66 proceden de ejercicios anteriores. Del total, 22 provienen de una orden u otra medida de protección a la madre por violencia de género, afectando a 29 menores.
En su sede se realizan los regímenes de visitas establecidos por resolución judicial, que pueden consistir en entregas y recogidas de los menores en él o en visitas realizadas en sus instalaciones bajo la supervisión de un miembro del equipo técnico, las llamadas visitas tuteladas. Para ello, cuenta con un equipo técnico multidisciplinar formado por 3 psicólogas, 2 trabajadores sociales y una jurista, con formación especializada para la atención de casos de conflictividad familiar.
“Pese a la situación actual, el Gobierno andaluz no escatima medios ni esfuerzos para que nuestros menores reciban toda la protección y la atención necesaria para su desarrollo y para su bienestar. Además, se trata de un recurso gratuito, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas como Madrid, donde se ha implantado una tasa por su utilización”, ha remarcado la delegada.
En esta línea, Gálvez ha aludido al importante avance que va a suponer para este servicio su regulación mediante un Decreto, elaborado por la Consejería de Justicia e Interior y ya en fase de información pública, para dotarlo de un marco normativo adecuado y que mejorará su calidad en beneficio de los menores y sus familiares.
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