El consejero de Justicia e Interior.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha señalado hoy que el Gobierno de la Junta no va a renunciar a ninguna de las infraestructuras judiciales programadas cuyas obras todavía no han comenzado, si bien ha puesto de manifiesto que los plazos de ejecución están condicionados por la evolución de la actual situación de crisis económica y la disponibilidad presupuestaria.
Durante la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, el consejero ha destacado que su departamento no ha dejado de trabajar en materia de infraestructuras ni ha descartado la construcción de ninguna de las sedes previstas, pero la situación económica obliga a reprogramar las previsiones iniciales, sobre todo las relativas a los edificios que van a construirse mediante colaboración público-privada.
Al ser cuestionado en sede parlamentaria por el Plan de Infraestructuras 2002-2009, el titular de Justicia e Interior ha explicado que durante ese período se programaron 108 actuaciones, de las que 61 están finalizadas, 33 se encuentran en diferentes grados de ejecución y 14 de ellas no han podido iniciarse por no disponer de suelo adecuado.
Al respecto, ha informado de que del total de 108 actuaciones, 86 de ellas eran las inicialmente previstas en el Plan de Infraestructuras, aunque el constante crecimiento de la Administración de Justicia obligó a modificar los planes iniciales.
Según el consejero, los objetivos que presidieron la elaboración de este plan fueron los de favorecer el régimen de titularidad pública de los edificios judiciales, impulsar la concentración de sedes en un mismo edificio o conjunto de edificios cercanos, así como eliminar las deficiencias de las sedes judiciales adaptándolas a las necesidades del servicio público de Justicia. De Llera ha subrayado que a estos objetivos, que siguen vigentes en la actualidad, se le suma el hecho de adaptar las sedes a las necesidades requeridas para la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal en el que trabajo su departamento.
El titular de Justicia e Interior ha asegurado que “un verdadero avance en la Administración de Justicia no puede centrarse exclusivamente en el debate sobre las sedes”, ya que, a su juicio, cualquier avance en este sentido “ha de venir necesariamente unido a temas como el reparto de cargas de trabajo, la necesidad de resolver el alto índice de litigiosidad o realizar cambios organizativos de calado”.
A pesar de ello, la Junta, según ha proseguido el consejero, ha hecho un importante esfuerzo en materia de infraestructuras desde que se asumieron las competencias en 1997, cuando se cedieron edificios a la comunidad autónoma con serias deficiencias funcionales, estructurales y de instalaciones básicas como las de electricidad, fontanería o saneamiento. En estos 15 años se ha multiplicado por cuatro el presupuesto de Justicia, se han informatizado todos los juzgados y se ha pasado de 463 a 683 órganos judiciales.
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