De Llera garantiza el pago de la asistencia jurídica gratuita como un “servicio irrenunciable” para hacer efectiva la igualdad
El consejero de Justicia e Interior.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado hoy que el Gobierno andaluz garantiza el pago de la asistencia jurídica gratuita, porque es “algo irrenunciable y se trata de una política esencial que asegura la igualdad de los andaluces en el acceso a este servicio público.
De Llera, que ha asistido a la entrega de los Premios Sapere Aude a estudiantes de la Universidad de Huelva, ha subrayado que la justicia gratuita es una prioridad de la Junta de Andalucía, puesto que permite a las personas con menos recursos defender sus derechos y acceder a la tutela judicial efectiva.
Según el consejero, la Administración andaluza sigue trabajando para que haya la mayor celeridad posible en los pagos a los profesionales que prestan este servicio, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales, de tal forma que en lo que va de año ya se han abonado 32 millones de euros para financiar la justicia gratuita. Asimismo, el consejero ha resaltado que desde que asumió el cargo no se ha dejado de abonar mensualmente diversas cantidades para la prestación de este servicio.
Además, el titular de Justicia e Interior ha valorado el trabajo que realizan los más de 7.000 abogados y procuradores en toda Andalucía, ya que el servicio de asistencia jurídica gratuita supone, ha dicho, una fuente de ingresos importante, sobre todo para aquéllos que están empezando su carrera profesional.
Desde que la Junta asumió en 1997 las competencias en esta materia, ha destinado más de 340 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita en Andalucía, multiplicando por diez el presupuesto consignado para estos servicios y pasando de los 4,7 los millones de euros de ese año a los 44 millones previstos para el presente ejercicio.
La Junta ha trabajado, además, en la mejora constante de este servicio y en su especialización, mediante el impulso de los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a colectivos más vulnerables, como los menores de edad, mujeres víctimas de violencia de género o inmigrantes.
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