Menores infractores harán prestaciones en beneficio de la comunidad atendiendo a personas con discapacidad
El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la presidenta de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE) Ana Alba, han firmado un convenio en el cual se establece un ámbito de colaboración para que los menores infractores con residencia en la provincia puedan realizan en dicha entidad las prestaciones en beneficio de la comunidad que les haya impuesto la autoridad judicial. En el acto de la firma ha estado también en delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Daniel Pérez.
Este acuerdo, según ha indicado Ruiz Espejo, facilita el cumplimiento de unas medidas judiciales en medio abierto que tienen como principal objetivo la reinserción de los jóvenes, cuyas edades oscilan en general entre los 14 y los 18 años, “buscando- ha precisado- que comprendan durante la realización de la actividad encomendada que la comunidad, o determinadas personas, han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas de su conducta, que ésta es reprobable y la prestación que se les exige es un acto de reparación justo”.
Asimismo, ha destacado su vertiente de apoyo a las personas con discapacidad, apuntando que se ha querido hacer coincidir la firma del convenio con la celebración hoy del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como expresión del compromiso de la Junta con la atención y el bienestar de estas personas, y, en este sentido ha hecho un reconocimiento a la labor que vienen desarrollando los trabajadores de AMAPPACE en esta materia.
Las actividades que los menores realizarán en AMAPPACE pueden ser de diferente índole, tales como la colaboración en talleres ocupacionales para personas con discapacidad o el acompañamiento a usuarios del centro con problemas de movilidad en algún desplazamiento de carácter formativo o de ocio, “pero siempre serán- ha precisado el delegado- tareas de colaboración o ayuda a los cuidadores y profesionales, que estarán supervisadas por personal cualificado”.
Con una vigencia de dos años, prorrogables si las partes lo estiman conveniente, el convenio estipula que las actividades a desarrollar por el menor no pueden interferir en su actividad escolar, se adaptarán a sus capacidades y estarán relacionadas con los fines de la asociación y no pueden sustituir puestos de trabajo.
Además de este convenio establecido hoy con la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales, la Delegación del Gobierno, en el marco de las competencias que ostenta en materia de Justicia e Interior, tiene suscritos otros de la misma índole con una veintena de entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos de la provincia, que dan participación a unos 45 menores mensualmente.
El titular de la Junta en Málaga ha reseñado el “importante esfuerzo que está realizando el Gobierno andaluz para mantener los recursos y servicios en la atención de menores infractores e infractoras, pese a los ajustes presupuestarios obligados por la situación económica y financiera”.
En este sentido, ha valorado la reversión de ese esfuerzo en un incremento del nivel de reinserción de los jóvenes infractores que finalizan la ejecución de alguna medida judicial en Andalucía. “Las estadísticas señalan que un 80% no vuelven a reincidir, un dato que demuestra que estamos haciendo una inversión reintegrable en el capital social que representa una parte de la juventud que no se debe quedar atrás”.
Por su parte, la presidenta de AMAPPACE, Ana Alba, ha estimado el beneficio mutuo de la colaboración establecida hoy “que va a venir muy bien tanto a la asociación por la ayuda que supone y también para los menores infractores para reinsertarse y mejorar su actitud”.
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