El consejero de Justicia e Interior en el Parlamento.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha acusado hoy al Gobierno central de no haber ofrecido ninguna información a las comunidades autónomas sobre la recaudación que se ha obtenido desde la entrada en vigor de la nueva norma que regula las tasas judiciales, hasta el punto de que se estima que sólo haya obtenido alrededor de un tercio de los 300 millones de euros que había previsto conseguir en 2013.
En una comparecencia en el Parlamento sobre la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales y sus efectos en Andalucía, Emilio de Llera ha calificado de “fiasco en toda regla” el objetivo recaudatorio que se había propuesto el Gobierno estatal con esta norma y, también, además de criticar el incumplimiento de la pretensión inicial de destinar el dinero obtenido a financiar la Justicia Gratuita.
Según el consejero, este incumplimiento ya se puso de relieve el pasado 4 de diciembre la reunión de la comisión técnica del Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas, en la que se planteó ya la posibilidad de que no se destine finalmente a sufragar la justicia gratuita lo que se recaude con la Ley de Tasas. El consejero ha añadido también que “en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 sólo se contempla para tal fin un 10% de lo que se recaude con la nueva norma”.
“Desinformación y confusión son las dos únicas cosas claras que tenemos hasta ahora”, ha recalcado el titular de Justicia e Interior, que ha recordado que la ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por cuatro ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Andalucía. Además, esta norma también ha sido modificada a instancias de la Defensora del Pueblo y rechazada por los colegios profesionales, las asociaciones de jueces, los sindicatos y las organizaciones de consumidores, ha apostillado.
A su juicio, el Gobierno no está dando ninguna información sobre esta ley que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio constitucional de igualdad, concitando un rechazo unánime, como lo demuestran las más de 2.700 peticiones que ha recibido la oficina de la Defensora del Pueblo para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.
Frente a la falta de apoyo económico del Gobierno central a la justicia gratuita a través de las tasas, De Llera ha subrayado la decisión de la Junta de cumplir con sus compromisos y garantizar este derecho fundamental para la ciudadanía, como lo prueba el esfuerzo que se viene realizando para atender los pagos y el reciente acuerdo con los representantes de los abogados y procuradores andaluces para garantizar el abono de los los servicios prestados y acreditados de este año en el primer cuatrimestre de 2014.
Reducción de asuntos
Además, el consejero ha apuntado en su comparecencia que en el primer trimestre de este año se han reducido una media del 2,74% el número de asuntos en todos los juzgados de Andalucía, con unas bajadas más acentuadas en la jurisdicción de lo civil -12,7%- y en la de lo contencioso -4,5%-.
La Junta de Andalucía ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) hasta dos recursos contra las normativas reguladoras de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno del Estado, primero contra la ley inicial y después contra las modificaciones realizadas en un real decreto y que, según De Llera, “siguen siendo claramente insuficientes y s limitando el acceso al servicio de Justicia por cuestiones económicas”.
El Gobierno andaluz sostiene que el Ejecutivo central ha generalizado el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
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