El consejero, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la nueva organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal. Este modelo, que permitirá mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía, sustituirá la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a cada órgano– e impulsará un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.
De acuerdo con las previsiones de la Junta, la nueva Oficina Judicial comenzará a implantarse este año como experiencia piloto en El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga), mientras que la Oficina Fiscal se desarrollará por primera vez en la Fiscalía Provincial de Sevilla, una vez que se fijen los servicios creados y la relación de puestos de trabajo.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado en la presentación de este proyecto que el decreto pretende “sentar las bases de un nuevo modelo organizativo que supondrá una revolución y un cambio cultural en los modos de trabajo en el seno de los órganos judiciales y en las fiscalías”.
Además, De Llera ha asegurado que la nueva Oficina Judicial y Fiscal será una “palanca estratégica” para que, junto al desarrollo de las nuevas tecnologías, se pueda avanzar en “la modernización para contar con una verdadera Administración de Justicia del siglo XXI”.
En el modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
La Oficina Fiscal
En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto aprobado por el Consejo dispone que se podrán crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
La norma establece también que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
Paralelamente a la aprobación del decreto, la Consejería de Justicia e Interior trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo.
Modernización tecnológica
La implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal se une a otras iniciativas de mejora y modernización de la Administración de Justicia que la Junta viene desarrollando durante los últimos años, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entre ellas destacan el sistema telemático que conecta juzgados y centros penitenciarios andaluces para agilizar las notificaciones que afectan a la población reclusa, con 22.000 notificaciones en un sólo un año de funcionamiento; ‘Lexnet’, una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos, que ha superado los 12 millones de notificaciones; Eemat, para facilitar la interconexión en todos los juzgados en el ámbito penal, y el programa Jara, para la gestión de documentación y archivos judiciales.
Además, la Administración autonómica está desarrollando un nuevo modelo de gestión procesal que permitirá la conversión del actual Sistema Adriano –de acceso restringido a los órganos judiciales ubicados en una misma sede– en otro al que podrán acceder todos los juzgados y tribunales de la comunidad, desde el primer escrito hasta el archivo del expediente.
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